CIADI analiza recurso sobre retribución en caso minería
El arbitraje o juicio internacional que protagonizaron la empresa minera Oceana Gold (antes Pacific Rim) y el Estado salvadoreño llegó a la etapa final en octubre del año pasado; sin embargo, el cumplimiento del laudo ha tomado más tiempo del previsto.
Según las dos partes involucradas en el arbitraje, los jueces encargados del proceso no han tomado una decisión sobre los $8 millones que Oceana Gold debería pagar al Estado salvadoreño, que contrató la representación de la firma Foley Hoag.
El tribunal donde ocurrió el juicio internacional es del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y desde ahí llegarán las futuras decisiones.
Luis Parada, socio de Foley Hoag, explicó que en noviembre de 2016 pidieron al CIADI “que emitiera una decisión suplementaria al laudo del 14 de octubre de 2016, en el sentido de que el tribunal se pronunciara si los $8 millones que decidió que Pacific Rim (parte de Oceana Gold) debe pagar a El Salvador, estarían sujetos a intereses”, explicó el abogado.
Los $8 millones corresponden a los gastos que incurrió el Estado por el arbitraje contra la empresa minera, que buscaba constituir una mina de oro en Cabañas, llamada El Dorado.
En este sentido, Oceana Gold detalló que van a esperar la respuesta de los jueces.
“Debido a estas nuevas diligencias legales a considerar por el tribunal del CIADI se ha ocasionado un retraso en el pro-
AÑOS DURÓ EL ARBITRAJE QUE INICIÓ PACIFIC RIM CONTRA EL ESTADO SALVADOREÑO Y QUE OCEANA GOLD HEREDÓ. ceso, y por el momento, la compañía está a la espera de recibir la correspondencia oficial”, consignó Oceana Gold en un comunicado.
Parada, en tanto, insistió que la duda es nada más por los intereses. “No significa que el laudo esté en duda, o que Oceana Gold no tenga la obligación legal de pagarle a El Salvador los $8 millones inmediatamente”, agregó Parada por escrito.
Por su parte, la empresa minera no dio más comentarios relacionados con el laudo. “Aclaramos que el tribunal del CIADI no dictó una sentencia que prohíba el desarrollo de la minería en El Salvador, simplemente porque no tiene la competencia ni la autoridad para tomar tal decisión”, agregó la compañía.
En El Salvador hay yacimientos de oro que todavía no han sido concesionados.
En estos momentos los jueces del arbitraje entre Oceana Gold y el Estado salvadoreño giran en torno a los $8 millones. EL DORADO PACIFIC RIM RECLAMABA QUE HABÍA RECIBIDO LOS PERMISOS PARA EXTRAER EL ORO CON FINES COMERCIALES EN EL DORADO, PERO EL ESTADO SALVADOREÑO COMPROBÓ QUE NO FUE ASÍ.