Faltade conciencia legislativa
Utilizo la palabra conciencia según la cuarta acepción del Diccionario de la Real Academia Española: conocimiento claro y reflexivo de la realidad. Con esa aclaración, opino que la Asamblea Legislativa (AL) padece una falta de conciencia al postergar, dentro de su agenda de trabajo, el estudio, debate y aprobación del anteproyecto de Ley de Procedimientos Administrativos.
Creo que los diputados desconocen la importancia de su aplicación, de los beneficios directos que trae su vigencia para la prestación de mejores servicios públicos, protegiendo de forma esencial: a) los derechos de los administrados frente a toda la Administración Pública; y b) el interés público. Asimismo pienso que ignoran los posibles efectos colaterales: reducción de la burocracia, al simplificarse los trámites administrativos; y la mejora del clima de negocios, al proveer un mayor grado de seguridad jurídica.
En nuestro país la regla general es la multiplicidad de procedimientos administrativos –según tantas agencias gubernamentales existan–, que por cierto no han sido cortados con el mismo patrón, constituyendo un aspecto desigual que promueve conductas arbitrarias de parte de las autoridades. En esa dispersión de normas el afectado es el administrado, pues el principio de legalidad se tiñe de tantos colores, que al final deteriora la “certeza del imperio de la ley”.
Para conocimiento del estimado lector, las disposiciones del mencionado anteproyecto tienen por objeto “uniformar y agilizar el desarrollo de los procedimientos administrativos, estableciendo las reglas comunes y esenciales que aseguren el mejor cumplimiento de los fines de la Administración y el respeto de los derechos e intereses de los administrados”.
En las aulas universitarias de pregrado y especialidad, año con año nos han enseñado que uno de los tres pilares fundamentales de la organización estatal es una Ley de Procedimientos Administrativo, acompañada con las normas constitucionales sustantivas y de procedimientos que protegen los derechos humanos, y señalan las competencias y límites de los órganos de poder. Pero quien recuerda día a día esa ingrata falencia, con exceso de memoria, es el ciudadano ordinario que recurre ante la Administración Pública y se encuentra con violaciones a su garantía de audiencia. En algunos casos con procedimientos engorrosos, o inventados con base en una falsa discrecionalidad administrativa que le sirve de cobertura “legal” a las autoridades respectivas.
Estímulos sanos para activar esa conciencia han sido varios. Veamos algunos ejemplos. Desde el año 1994 existe un anteproyecto en la AL, presentado a iniciativa del Ministerio de Justicia de aquel tiempo. En diferentes congresos de ENADE, desde 2002, se ha insistido en su aprobación. El II Congreso Internacional de Derecho Administrativo, celebrado en nuestro país en 2014, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia presentó a discusión un anteproyecto. El año pasado, el actual Órgano Ejecutivo entregó a la AL un anteproyecto en donde la Secretaría Técnica y de Planificación de CAPRES manifestaba que, con esa propuesta, “lo que se busca es acercar los servicios del Estado a los ciudadanos”.
En veintiún años –es decir, siete legislaturas–, han pasado más de quinientos diputados inmóviles para impulsar el proceso de formación de ley requerido. Ahora, estamos aproximadamente a trece meses de la terminación del período legislativo 2015-2018, espacio suficiente para planificar los tiempos legislativos y someter al pleno la discusión del anteproyecto. La actual legislatura tiene la oportunidad de ofrecer un aporte sustancial a la modernización del Estado. Públicamente se observa que sus disposiciones normativas gozan de la aceptación de amplios sectores sociales y políticos del país. Me pregunto entonces, ¿qué acciones deben suceder para animar o avivar la conciencia de la AL?