$1,300 millones en pagos de Lava Jato
La gigantesca red aún puede afectar a muchos otros dirigentes de casi todos los partidos brasileños.
La operación Lava Jato, que investiga la gigantesca trama de corrupción en Petrobras, ha destapado en los últimos tres años el pago de al menos 4,000 millones de reales (unos $1,300 millones) en sobornos a partidos, políticos y funcionarios, según cálculos publicados ayer por el diario O Globo. Del montante total, 557,8 millones de reales (unos $180 millones) ya fueron comprobados en causas juzgadas en tribunales federales de primera instancia, señaló el periódico.
Unos 1,700 millones de reales (unos $546 millones) hacen parte de procesos pendientes de sentencia e investigaciones en curso sin secreto de sumario.
La información agregó que el resto de coimas reveladas hasta el momento, 1,900 millones de reales (unos $610 millones), fueron reconocidas por la constructora Odebrecht, implicada en la trama corrupta destapada en el seno de la petrolera estatal, que admitió haber pagado ese valor en sobornos solo en Brasil.
La llamada operación Lava Jato cumplirá el próximo 17 de marzo tres años desde que un simple asunto de blanqueo de dinero en un puesto de gasolina y lavado de autos de Brasilia destapó el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil.
Según comprobó la Fiscalía brasileña, Odebrecht y otras constructoras importantes del país obtenían contratos amañados con la petrolera estatal Petrobras, inflaban los valores y repartían las diferencias entre directores de la petrolera estatal y partidos políticos que amparaban la corrupción y legislaban a favor de estas empresas.
A raíz de estas investigaciones, decenas de políticos y empresarios han terminado en prisión por su participación en esa trama, la cual ha salpicado incluso al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).
Lula responde en cinco juicios por presunta corrupción y estaría entre los beneficiados.
EN AMÉRICA EL PAGO DE SOBORNOS NO SE LIMITÓ A BRASIL Y SE EXTENDIÓ DE LA MANO DE ODEBRECHT POR 12 PAÍSES DE LATINOAMÉRICA, INCLUIDO BRASIL Y ÁFRICA, SEGÚN DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA EUA.