Gobierno aprueba un débil decreto de austeridad pública
No se contempla la reducción de los salarios y los seguros médicos se mantienen, al igual que la dieta de funcionarios.
El presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, y el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, firmaron el decreto ejecutivo número 18 que contiene la política de ahorro y eficiencia, que incluye el gasto del sector público para 2017. Sin embargo, y pese a que se comprometieron de forma pública, el decreto con fecha 27 de marzo de 2017 no contempla la reducción de salarios de los funcionarios que ganan más que el presidente.
Eso contradice lo que el mismo secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, aseguró. Incluso, en ese momento ARENA respaldó la medida. “Nadie va a tener un salario superior al presidente”, dijo Lorenzana. El presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, gana $5,181.72, incluidos los gastos de representación.
En los 11 artículos que contempla la ley se menciona que se reducirán salarios. Anteriormente se dio a conocer que los secretarios Eugenio Chicas, Marcos Rodríguez, Hato Hasbún, Vanda Pignato y Roberto Lorenzana, Sigfrido Reyes y David López ganan salarios de $6,000 o más.
Sin embargo, el Gobierno dice que “el objetivo general de la presente política consiste en fomentar ahorros, impulsando una administración honesta y transparente del gasto público, promoviendo que este se ejecute con criterios de eficiencia y racionalidad, con el fin de contribuir a la consolidación fiscal del país”, se lee en la ley que aprobó Sánchez Cerén y el ministro de Hacienda.
Aparte de no reducir los salarios de los funcionarios que ganan más que el presidente, la ley contempla otras contradicciones. Por ejemplo, se habla de prohibir los seguros médicos privados de salud, pero esto no se va a ejecutar en 2017.
Tampoco quita las dietas de los funcionarios, sino que solo les recomienda que “estas sean acordes a los montos asignados en la Ley de Salario”.
MINISTROS SEGUIRÁN RECIBIENDO ALIMENTACIÓN
El numeral 9 del artículo número 6 establece la prohibición que tienen las instituciones para usar fondos públicos para proporcionar alimentos, bebidas y refrigerios a los funcionarios y empleados de la misma entidad; no obstante, explica que cuando se trate de reuniones de los ministros, jefes de Estado, juntas directivas o consejos directivos, si estas se realizan “en horarios que se deba ingerir alimentos”, sí está permitido hacer el gasto en alimentación.
Para el presidente del partido ARENA, Mauricio Interiano, el decreto aprobado por Cerén y el ministro Cáceres es una muestra de que no quieren cumplir con lo que acuerdan en las mesas de reuniones; mientras que el diputado Rolando Mata, del FMLN, dijo que lo más importante es buscar la forma de obtener lo que resta para los $1,200 millones en bonos que el Gobierno solicitó el año pasado a la Asamblea Legislativa. Fuentes de Gobierno informaron que el decreto aprobado sufrió serias modificaciones en relación con el que Hacienda mandó a CAPRES.