Detienen a dos exdiputados por actos criminales
Por la causa ya hay unas 10 personas que ya guardan prisión. Habrían lavado al menos $33 millones. Con el dinero producto de ilícitos financiaron a partido. CORRUPCIÓN DOS EXDIPUTADOS Y UN EXALCALDE DE GUATEMALA FUERON DETENIDOS BAJO CARGOS RELACIONADOS CON EL LAVADO DE DINERO.
Dos exdiputados y un exalcalde guatemaltecos fueron detenidos ayer acusados de participar en una organización criminal que financió a un partido político con dinero proveniente de ilícitos. La fiscalía informó las detenciones de los exdiputados Manuel Barquín, hermano del excandidato opositor a la vicepresidencia en 2015, Edgar Barquín, y Jaime Martínez Loaiza, así como de Bacilio Cordero, exalcalde del departamento de Jutiapa, todos pertenecientes al entonces partido político Libertad Democrática Renovadora (Líder).
Los delitos por los que fueron detenidos Barquín y Martínez Loaiza son financiamiento electoral ilícito, peculado por uso, tráfico de influencias y asociación ilícita, y Cordero por peculado por sustracción.
A su llegada a los tribunales, Barquín dijo que estaba agradecido “de poderle dar las explicaciones correspondientes a la señora juez” y agregó que como profesional del Derecho “confío en el sistema de justicia y en los principios constitucionales”.
Según la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la estructura, que operaba desde 2008 en el departamento de Jutiapa y otros lugares fronterizos del país, se dedicaba a desarrollar actividades de lavado de activos con la colaboración de autoridades locales y nacionales y habría ayudado a financiar a Líder en la contienda electoral de 2015.
En julio de ese año la fiscalía detuvo y acusó a Francisco Édgar Morales Guerra, alias “Chico dólar”, de ser el cabecilla de la organización y el encargado de recolectar el dinero ilícito que luego era lavado a través 200 empresas ficticias en el sistema bancario con la ayuda de Édgar Barquín, entonces presidente del Banco de Guatemala.
La CICIG, que es un órgano de las Naciones Unidas que investiga aparatos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco, estimó que la organización habría lavado al menos $33 millones.
Por el caso al menos 10 personas más permanecen en prisión.