Los desaparecidos: la nueva normalidaden Elsalvador
Luego de las cifras reveladoras del señor fiscal general de la República en relación con los desaparecidos quedó en evidencia que no existen relaciones interinstitucionales entre la FGR, PNC e IML (por cierto quince meses sin nombramiento del director) producto de la falta de coordinación, tecnología, protocolos, procedimientos entre otras y sin duda criterios técnicos en los criterios de conceptos.
Desde hace varios años se ha vuelto “normal” que personas peguen fotos en diferentes instituciones del Estado, acudan de institución en institución a dar aviso o denuncia que su familiar ha desaparecido, pasen viajando a IML a preguntar si ha aparecido el cuerpo de su familiar en busca de sus restos, pareciera que desde hace varios años se ha vuelto “normal” que la sociedad civil organizada subsane las fallas de las instituciones en materia de desapariciones forzadas e involuntarias. Ante estas circunstancias de “normalidad” resulta fundamental cuestionarnos qué representa: serias debilidades en torno al registro de las desapariciones forzadas o involuntarias, a la investigación de los casos, a la búsqueda, a procesos de identificación forense, la ausencia de sistematización estandarizada de la información, la revisión de la pena para el delito “privación de libertad”, pero sobre todo claras violaciones a los derechos humanos ya que este tipo de delito es complejo, múltiple y acumulativo ya que atenta en esencia contra un conjunto diverso de derechos fundamentales lo que ha desarrollado jurisprudencia internacional relativa a estos crímenes. Además es considerada como un abuso continuo ya que se extiende a la familia ya que sufren el daño directo y que se encuentran a la espera de la suerte de su ser querido llegando a padecer problemas de ansiedad, depresión, insomnio, síndrome de estrés postraumático.
Para iniciar una cruzada nacional contra este delito se requiere y recomiendo tomar acciones básicas relacionadas con terminología impulsando las reformas que sean necesarias para que no existan contradicciones entre los términos privación de libertad, secuestro, desaparecido, extraviados, ausente que no significan lo mismo en la parte legal pero que para la familia es funcionalmente lo mismo; la implementación de un sistema o software estandarizado de denuncia para todas las instituciones involucradas incluyendo a PDDH; elaboración de un protocolo de actuación por los funcionarios para dar seguimiento a los casos; involucrar a las municipalidades para efectos de divulgación de la información y búsqueda de cementerios o fosas clandestinas; la creación de un banco genético de ADN ante mortem/post mortem con su respectivo software; por niveles de violencia y crímenes se hace impostergable la creación del Instituto de Ciencias Forenses (criminología, criminalística y Medicina Legal) como un ente técnico, autónomo con presupuesto propio; poner a disposición una plataforma informativa para los familiares con enfoque de rendición de cuentas y sin duda la FGR, PNC, IML necesitan fortalecimiento financiero y de personal para brindar un mejor servicio.
Finalmente los familiares de las víctimas es necesario se organicen para exigir sus derechos así como una política pública para este grave problema que tiene antecedentes desde la guerra civil finalizada hace más de veinticinco años. No permitamos más que las desapariciones forzadas o involuntarias se conviertan en datos para aumentar lo que son en gran parte: muertos diferidos.