Esperas eternas y miedo en centros para inmigrantes, con panorama incierto
La Corte estadounidense aprobó una parte del veto migratorio y dejó el análisis del resto para los próximos meses. Los detenidos están en un limbo legal.
Fueron dos años, pero la mexicana Alejandra Pablos revive la experiencia cada día. Aún le atormenta la soledad, las esperas eternas y el miedo que sufrió en uno de los centros de detención de Estados Unidos, en los viven recluidos casi 40,000 inmigrantes. Como muchos, Pablos estaba pendiente de la decisión que tenía previsto emitir esta semana el Tribunal Supremo de EUA en un decisivo caso sobre los centros de detención.
El alto tribunal, sin embargo, decidió postergar su decisión para volver a evaluar en los próximos meses el caso; en el que tendrá que decidir si los inmigrantes, como cualquier ciudadano estadounidense, tienen derecho o no a una audiencia que examine su reclusión y les permita quedar en libertad mientras esperan una resolución.
La propia Pablos tuvo derecho a audiencias ante un juez cada cuatro meses durante los dos años (entre 2011 y 2013) que estuvo recluida en el centro de Eloy, en Phoenix (Arizona). “Yo no sabía ni cuándo ni cómo iba a salir del centro de detención, si en una bolsa de plástico, en un autobús hacia México o en libertad, como había estado mis 26 años anteriores de vida en este país”, aseguró Pablos a Efe.
“El sistema es lento y está roto –criticó–, hay pocos jueces y no hay gente suficiente trabajando en el área de inmigración. Al mismo tiempo, intentan llenar camas, nos tratan como productos, para ganar beneficios y acabamos pasando allí mucho tiempo”.
La mujer se refirió así a la “cuota de cama”, una disposición federal que exige mantener diariamente a por lo menos 34,000 inmigrantes en los centros de detención para poder hacer rentable el negocio a las empresas privadas que las gestionan.
Según Human Rights Watch, dos tercios de los inmigrantes retenidos están en centros operados por empresas privadas.
Entre octubre de 2016 y el 3 de junio de este año, según datos del Servicio de Inmigración y Control de
AYUDA
ABOGADOS QUE DEFIENDEN LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES PLANEAN INSTALARSE EN LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS DEL PAÍS AHORA QUE UNA PARTE DEL VETO ESTÁ VIGENTE, TRAS LA DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA.