RREE: EL SALVADOR ENFILA DIÁLOGO EN CONGRESO DE EUA POR DACA Y TPS
El jefe de Seguridad Interna aseguró que si en septiembre el Congreso no ha logrado legislar a favor de los “soñadores”, DACA podría terminar. Es otro beneficio migratorio bajo amenaza por la administración de Trump.
Hay dos permisos especiales que protegen a más de 200,000 salvadoreños en Estados Unidos (EUA), pero con la llegada de Donald Trump a la presidencia de ese país, esos permisos podrían llegar a su fin en los próximos meses. El Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño (RREE) busca cómo cabildear o dialogar con los congresistas de Estados Unidos para mejorar la situación que enfrentan todos esos connacionales.
RREE buscará un terreno común en dos vías: una, para contar con medidas alternativas al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés); la segunda, para lograr la legislación en el Congreso de Estados Unidos sobre el programa que protege a miles de jóvenes estudiantes de ser deportados, entre ellos decenas de miles de salvadoreños.
Esta vez sobre la mesa de negociación no estarán solo los 188,000 compatriotas con TPS, sino que han incluido a los 20,000 salvadoreños que todavía pueden estudiar, trabajar y vivir legalmente en EUA bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés).
Este miércoles un grupo de congresistas demócratas se reunió con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), John Kelly, para tratar, entre otros temas, el futuro de más de 70,000 jóvenes de diferentes nacionalidades que llegaron a Estados Unidos de forma ilegal cuando todavía eran unos niños. El expresidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva en 2012 para protegerlos de la deportación, siempre que completaran sus estudios. Por esto, llamaron a estos inmi-
grantes “soñadores”, pero desde que Trump llegó a la presidencia, el futuro de estos inmigrantes está en la cuerda floja.
Los congresitas del Caucus Hispano revelaron el miércoles que Kelly les confirmó que tiene serias dudas de que el programa pueda sobrevivir más allá de septiembre si en el Congreso no aprueban la ley para protegerlo.
Hugo Martínez, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño, reaccionó ayer a esta situacióndiciendoquelacarterade Estado que él dirige va a “insistir” y a “cabildear” para que “se dé esa legislación específica porque (...) no solo beneficiaría a los salvadoreños, sino también a miles de personas que están en ese programa”.
Pero Martínez recordó que esto puede ser más complicado porque la naturaleza de DACA es diferente a la del TPS, aunque en ambos casos es necesario renovar los permisos periódicamente.
El beneficio que Obama promovió da un alivio a quienes llegaron a EUA de manera ilegal antes de cumplir 16 años y eran menores de 31 años al 15 de junio de 2012, según el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).
“Ese es un programa que no se puede segmentar. Es un poco difícil porque es diferente al TPS porque si bien es cierto Estados Unidos otorgó TPS a 10 países, también es cierto que lo otorgó por razones diferentes, mientras que DACA es por una sola razón a un segmento poblacional independientemente de qué país vienen y debe tener un tratamiento más de grupo”, explicó Martínez ayer.
El TPS ha sido objeto de preocupación en la era Trump, por lo que el Ejecutivo salvadoreño se ha centrado más en tomar acciones para pedir la siguiente prórroga, que debería hacerse en enero de 2018. Será el secretario Kelly quien recomiende o no renovar el estatus para El Salvador.
Para Martínez, lograr que al menos 20 % de salvadoreños que tienen TPS obtengan la residencia es una de sus prioridades en el tiempo que le queda de gestión.
TRATO CON ABOGADOS
El viernes pasado el periódico digital Diario Libre (El Salvador) publicó un contrato que la embajada salvadoreña en Washington, D. C. firmó con la firma de abogados más grande del mundo, Dentons Law. Según el documento, Dentons recibirá $125,000 de RREE para prestar asesoría en “mejorar las relaciones con Estados Unidos”, entre otros puntos.
La contratación levantó interés porque difiere de algunas posturas que el partido de Gobierno ha tomado frente a EUA, por ejemplo, cuando el diputado del FMLN Blandino Nerio defendió que no hay por qué “ponerse de rodillas” por el TPS.
Sin embargo, cuestionado ayer, Martínez defendió que la naturaleza del contrato es para buscar asesoría migratoria de abogados que estarían certificados en Inmigración por el DHS.
“La misión principal de Dentons Law es encontrar o ayudar a encontrar esos caminos legales para que nuestra gente pueda mejorar su estatus migratorio y ya el flujo TPS reducirlo y con ese grupo hacer gestiones por medidas alternativas o una prórroga”, dijo.
Ante la insistencia de periodistas sobre los puntos del contrato que mencionan que se recibirá también asesoría en cómo atraer la inversión de EUA y cómo fortalecer las relaciones políticas, defendió, de nuevo, que el objetivo prioritario de la contratación es el tema migratorio. “Los puntos adicionales son parte de un abarcamiento general que nosotros queríamos hacer en el acuerdo, pero no me pida que separe el asunto. Es como que me diga que hay que quitarle la columna vertebral y esperar que siga caminando”, dijo.