Juez avala la extradición de Martinelli
El expresidente de Panamá tendrá que regresar a su país para enfrentar cargos por escuchas ilegales.
El expresidente panameño Ricardo Martinelli debe ser extraditado desde Estados Unidos para que enfrente acusaciones de espionaje político y malversación en su país, ordenó ayer un juez federal de Miami. Ahora el fallo de 93 páginas emitido por el magistrado federal Edwin Torres pasará al Departamento de Estado, que decidirá en última instancia si Martinelli debe volver a Panamá. La dependencia ha argumentado en documentos de la corte que está a favor de la extradición del exmandatario.
“Tras una cuidadosa revisión de la evidencia en el registro, estamos obligados a encontrar que la solicitud de extradición interpuesta por Panamá satisface todos los requerimientos legales”, escribió Torres.
“Existe evidencia suficiente para establecer una causa probable en todas las acusaciones que se le presentaron a Martinelli”.
Martinelli, de 65 años, fue presidente de Panamá de 2009 a 2014. Está acusado de monitorear ilegalmente llamadas telefónicas y otras comunicaciones de al menos 150 personas a través de un extenso sistema de espionaje. También enfrenta cargos de malversar alrededor de $13 millones en fondos públicos vinculados al referido sistema, que estuvo en operaciones de 2012 a 2014.
Los abogados del expresidente alegaron que la actualización del tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos no es aplicable al exmandatario, y que existe poca evidencia para respaldar las acusaciones. Afirmaron que esta imputación es una venganza política que habría sido orquestada por sus adversarios.
Martinelli ha estado retenido sin derecho a fianza desde que fue arrestado en junio pasado en su residencia del área de Miami debido a la solicitud de extradición del gobierno panameño. Ha intentado obtener asilo político en Estados Unidos.
Sus abogados afirmaron que la solicitud de extradición va en contra de los términos del tratado actualizado de extradición entre ambas naciones en lo referente a crímenes cibernéticos, el cual entró en vigor en julio de 2014.