Empresa daba $10,000 al mes a dos pandillas
Abogados defensores de capturados en Operación Escudo se quejaron porque con el requerimiento se programó audiencia inicial.
Una empresa de servicios de Ahuachapán fue extorsionada durante dos años por las dos estructuras de grupos terroristas principales del país, a las que entregaba mensualmente $10,000, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Este es el principal caso por el que fueron capturados 66 miembros de dichas estructuras criminales durante la ejecución de la Operación Escudo, a inicios de la semana anterior.
Detalles de este caso fueron dados a conocer por la fiscalía durante la presentación del requerimiento en contra de los detenidos, en el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana, donde el mismo día (14 de septiembre) se instaló la audiencia de imposición de medidas contra los acusados.
Son 66 los detenidos procesados por los delitos de extorsión agravada, agrupaciones terroristas y conspiración para el cometimiento de homicidio.
Entre los imputados se encuentra el abogado identificado como Mainor Batres, quien, según las investigaciones, colaboraba con la estructura criminal ejerciendo la defensa en procesos judiciales y buscándoles a los pandilleros beneficios ante los tribunales.
Uno de los fiscales del caso detalló que simultáneamente la empresa era extorsionada por ambas estructuras terroristas, entregando el dinero de manera semanal, sumando $10,000 al mes.
De acuerdo con las investigaciones, esta situación se mantuvo por un lapso de dos años, sumando la cantidad de $240,000.
“La empresa que se veía afectada estaba siendo extorsionada simultáneamente, las dos (pandillas) se aprovechaban. Esta es una extorsión que ya tiene más de dos años. Tenemos varios meses de estar en la investigación y logramos determinar la conformación de la estructura y la jerarquía”, indicó.
IDENTIFICADOS
EL FISCAL AGREGÓ QUE ENTRE LOS DETENIDOS HAY CABECILLAS, MANDOS MEDIOS Y OTROS INTEGRANTES DE LAS ESTRUCTURAS CRIMINALES, LOS CUALES HAN SIDO IDENTIFICADOS COMO PARTICIPANTES DIRECTOS DE LOS DELITOS QUE LES IMPUTAN.