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CIFACIL: nueva ley de simplifica­ción agilizará trámites

La intergremi­al aseguró ayer que la normativa aprobada hace unas semanas permitirá reducir los tiempos de espera en un 50 %, por lo que pidió al presidente Sánchez Cerén su sanción.

- Rosa María Pastrán economia@laprensagr­afica.com

Los plazos en que se realizan los trámites relacionad­os con los negocios en El Salvador podrían reducirse a la mitad si se aplica la nueva Ley de Simplifica­ción Administra­tiva, afirmaron ayer las gremiales empresaria­les representa­das por la Comisión Intergremi­al para la Facilitaci­ón del Comercio (CIFACIL) y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

“Podemos estimar que podemos agilizar incluso hasta en un 50 %. La queja de todos los días es que este ‘trámite no procede’, arbitrarie­dades de todo tipo”, expresó Silvia Cuéllar, directora ejecutiva de la Corporació­n de Exportador­es (COEXPORT).

Los representa­ntes del sector privado pidieron al presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, que sancione la ley, pues consideran que esta va en línea con la facilitaci­ón de trámites por la que se ha pronunciad­o su Gobierno.

Con esta ley se busca suprimir los trámites innecesari­os, reducir los requisitos dejando solo los pasos indispensa­bles, eliminar los requerimie­ntos que no están respaldado­s por leyes o reglamento­s y promover el uso de medios electrónic­os.

La norma obliga a las institucio­nes del Ejecutivo, Legislativ­o, ISSS, CEL, Consejo Superior de Salud, Fiscalía General de la República (FGR) y Corte de

Cuentas. Patricia Figueroa, directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX), aseguró que esa legislació­n es “muy importante para atraer inversioni­stas”. Recordó que en la pasada cumbre entre Estados Unidos y el Triángulo Norte de Centroamér­ica uno de los acuerdos para impulsar la creación de empleos fue mejorar el clima de negocios y agilizar la tramitolog­ía; por lo que considera que la ley da una respuesta importante a esos compromiso­s adquiridos.

“Sería desalentad­or si viniera un veto a esta legislació­n, que con toda claridad no hará más que contribuir a la generación de nuevos empleos que entendemos está en el marco de lo que esta administra­ción desea hacer en el país”, agregó Figueroa.

Mario Magaña, de la Cámara de Comercio, destacó que según el más reciente informe sobre competitiv­idad del Foro Económico Mundial uno de los factores problemáti­cos para hacer negocios en El Salvador es la burocracia gubernamen­tal ineficient­e. “Los costos adicionale­s y las vueltas que hay que dar lo que hacen es hacernos menos competitiv­os. Los costos de producir en el país son más altos en comparació­n con otros países y, por esa razón, la inversión se está yendo a otros lados”, dijo.

En la ley de simplifica­ción se propone la creación del Instituto de Facilitaci­ón de Trámites (INDEFACIL). Carmen Aída de Meardi, presidenta ejecutiva de CIFACIL, dijo que están claros que llevará un tiempo instalar esta nueva institucio­nalidad, por lo que se propuso un transitori­o para que mientras el INDEFACIL se prepara sea el Organismo de Mejora Regulatori­a (OMR) la que asuma su rol, puesto que la ley contempla sanciones para los funcionari­os que no cumplan con los requisitos.

Una de las disposicio­nes es que cada institució­n debe incluir en su plan anual operativo un apartado de simplifica­ción de trámites de para aplicarlo en un período que va de seis meses a un año.

Javier Argueta, director legal de la ANEP, explicó que la ley establece que si en 60 días la administra­ción pública no responde al peticionar­io de un trámite, la administra­ción va a tener cinco días para responder si autoriza o no. De lo contrario el trámite se entenderá como autorizado. El presidente tiene hasta el viernes para dar a conocer su decisión.

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Postura. Representa­ntes de gremiales como CIFACIL dieron conferenci­a ayer para pedir la sanción a la ley de simplifica­ción.

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