GOES afina ley para las zonas económicas
La CEPA informó ayer que el anteproyecto de ley estará listo a más tardar a inicios de febrero y que se prevé incluir un área de 20 kilómetros cuadrados para iniciar.
El Gobierno de El Salvador dijo, una vez más, que está por enviar a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley para la creación de una zona económica especial en el departamento de La Unión. El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Nelson Vanegas, estimó que el documento estará listo a finales de enero o principios de febrero. En la elaboración del documento han participado instituciones como el Ministerio de Economía (MINEC), el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones (PROESA), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la misma CEPA.
“Es una experiencia a escala mundial que se está dando en diferentes países y creemos que puede ser algo que dinamice a toda la zona sur oriental del país para comenzar”, dijo Vanegas.
La zona económica especial abarcaría 20 km² e incluirá al puerto de La Unión Centroamericana.
CEPA ha pedido, por su parte, a los diputados aprobar cambios en la Ley de Concesión del Puerto de La Unión, que data de 2011. En la reforma se modifica el alcance de la concesión. “La persona que venga puede desarrollar su propia visión de negocio, su propia visión de desarrollo”, manifestó Vanegas ayer durante una entrevista con la Radio 102.9.
Los modelos de negocio que se podrían desarrollar son servicios de mantenimiento a los buques, una cadena de frío, turismo o logística, según el planteamiento del Gobierno. A la fecha se han revisado la mitad de los artículos. La discusión se retomará la próxima semana.
Vanegas anunció, además, que una empresa distribuidora de combustibles se instalará en la zona extraportuaria del puerto de La Unión. El funcionario dijo que en diciembre pasado firmaron el contrato con una empresa que se encargará de almacenar y distribuir combustibles desde el área de influencia del puerto de La Unión, el cual no ha tenido mayor actividad desde 2009, cuando finalizó su construcción.
Otro de los proyectos que se ejecutará en 2018 es la instalación de equipos para carga refrigerada. El puerto de La Unión costó más de $200 millones al Estado. Las diferencias políticas frenaron la aprobación de una ley para concesionarlo cuando se estaba en la última etapa de construcción, entre 2008 y 2009. Cuando la ley finalmente se aprobó, CEPA demoró años en lanzar la licitación.
Dicho proceso se frustró en 2015, luego de que ninguna empresa presentó ofertas por el puerto de La Unión. La estructura, construida para movilizar carga en contenedores, lleva años sin recibir un solo contenedor y, de manera ocasional, recibe uno que otro buque. En 2017 solo recibió 28 buques, según datos de CEPA.
Debido a que la terminal no ha podido ser concesionada a un operador privado es que se ha presentado un segundo conjunto de reformas a la Ley de Concesión que se aprobó en 2011. El puerto genera pérdidas arriba de los $10 millones anuales.
“El puerto de La Unión no es un proyecto de nuestro gobierno. Pusieron primero la carreta y después los bueyes”, declaro Vanegas en referencia al millonario proyecto de infraestructura que no ha generado las utilidades esperadas para el Estado. El eterno dile-
ma que enfrenta El Salvador es qué hacer con la competencia que representa el puerto de Acajutla, que es un puerto con varias décadas de desarrollo y cercano a los nodos productivos de país, y el azolve del canal de acceso del puerto de La Unión.
Un estudio del JICA determinó que el canal que da acceso al puerto de La Unión Centroamericana se ha azolvado “casi a su elevación original” y tendrá que ser dragado de nuevo.
El costo de este redragado y el posterior mantenimiento es millonario, de acuerdo con los modelos elaborados por los expertos japoneses. “El paso entero se ha azolvado casi a la elevación original y no se ha mantenido la profundidad lograda del último dragado”, indica una de las conclusiones del estudio que fue trabajado por ECOH Corporation, con sede en Japón.
Redragar a una profundidad de -10 m implicaría remover 1.6 millones de m³ y pagar $17.6 millones. Llevar la profundidad a -12 m costaría $35 millones (4.8 millones de m³). En caso de que se quiera llegar a los -14 m el costo sería de $68.3 millones y el material a limpiar 10.5 millones de m³.