FESFUT NIEGA INFORMACIÓN DE MODO SISTEMÁTICO
La negativa federativa a brindar sus actas de comité ejecutivo y revelar el contenido de sus contratos por venta de derechos de imagen ha obligado a periodistas de Grupo LPG a apelar al Instituto de Acceso a la Información Pública en dos casos distintos;
El comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) se negó dos veces en el último año y medio a brindar información pública documental a periodistas de Grupo LPG. En una de esas ocasiones, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) inició oficiosamente un procedimiento administrativo contra sus dirigentes Jorge Rajo, Víctor Zenón, Émerson Ávalos, Óscar Zometa, Roberto Ortez, Francisco Peñate y Hugo Carrillo.
La renuencia de la FESFUT a brindar la información ha sido recurrente pese a ser una institución obligada por la ley merced a los $550 mil anuales que le asigna el Estado a través del Instituto Nacional de los Deportes (INDES).
El 18 de abril de este año, personal de Grupo LPG solicitó de la FESFUT copias de todas las actas de comité ejecutivo entre 2014 y 2018; de todos los contratos de derechos televisivos firmados en tal periodo; un informe contable de los fondos públicos recibidos por la FESFUT entre 2014 y 2018; y otro de cómo ejecutó el dinero público recibido a través del INDES en el mismo cuatrienio.
La federación pidió prórroga para entregar los informes contables y de ejecución, al tiempo que se negó a entregar las actas y los contratos por considerarlos de “carácter privado”.
CONTRATOS DEL “FIFAGATE”
El interés público en estos contratos de cesión de derechos aumentó desde que en 2015 una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos bautizada como “FIFAGATE” reveló que al menos cuatro dirigentes del fútbol salvadoreño habían hecho parte de una red internacional de sobornos para beneficiar a empresas con la venta de esas licencias.
Uno de ellos, Reynaldo Vásquez, es acusado de haber recibido sobornos por $450 mil de la empresa Media World por la concesión de los derechos de transmisión televisiva para los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Vásquez guarda prisión en El Salvador por otros delitos; Estados Unidos ha solicitado su extradición.
Los nombres de los otros tres dirigentes aún no fueron revelados por los fiscales norteamericanos.
La secretividad con la que la FESFUT maneja lo relativo a los contratos firmados con empresas como Traffic, Interforever Sports y la señalada Media World ha sido tal que, en julio de 2016, cuando uno de los periodistas del grupo pidió copia de ellos así como del expediente de los amaños, fue necesaria la intervención del jefe de fiscalización del IAIP, René Valiente, así como la apertura de un procedimiento sancionatorio contra el comité ejecutivo en pleno, para que brindaran acceso a la documentación, aunque no copias.
El procedimiento fue por la infracción muy grave tipificada en el artículo 76 de la LAIP de “no proporcionar la información cuya entrega ha sido ordenada por el Instituto”, y se suspendió solo después de que, en presencia de representantes legales de la FESFUT y del personero de la IAIP, se pudo tomar nota de la documentación, el 15 de julio de 2016.
VIEJAS RELACIONES
Pese a que al menos uno de los contratos de venta de derechos que Grupo LPG ha solicitado ya venció, la FESFUT continúa reticente a brindar la información. En eso tiene que ver que aún mantiene relaciones con la firma internacional Imagina US, la casa matriz de Media World. En reciente visita al país su titular, Irantzu Diez, lo reconoció diciendo: “Media World era una compañía de nuestro grupo”.
De modo que la relación de la FESFUT con la empresa que corrompió a algunos de sus oficiales de administraciones pasadas se mantiene pese a los señalamientos sobre prácticas mafiosas de la firma.
Uno de los procesados en el “FIFAGATE”, el colombiano Miguel Trujillo, reconoció en una corte en Brooklyn que Media World pagó sobornos en varios países centroamericanos. “Acordé que Media World pagaría, y ayudé a Media World a pagar, cientos de miles de dólares en sobornos a altos responsables de esas federaciones, que a cambio de eso cedieron los derechos” para los mundiales 2014 y 2018, explicó.
Otro de los exejecutivos y delincuente confeso, Fabio Tordin, profundizó en el tema y tasó en $200 mil los sobornos que se pagaron en El Salvador.
Por todo ello, la firma de un nuevo contrato de venta de derechos, sostenida el 2 de abril de 2018 por el comité ejecutivo saliente de la FESFUT y la presidenta de Imagina US, despertó una serie de preguntas periodísticas que no recibieron respuesta de parte de los federativos.
En ese momento, consultado sobre los montos y detalles del contrato y sobre por qué lo firmaban ellos y no lo dejaban a decisión del directorio que les sucedería este mismo año, Hugo Carrillo sentenciaba que sería el nuevo comité ejecutivo el que revelaría o no las cantidades a recibir. Carrillo obtuvo la reelección en el comité el 22 de mayo de este año.
MISMA NEGATIVA
Como puede leerse, los contratos han sido materia sensible para la administración. Y así, este año, ante una nueva solicitud de información, el ‘no’ se repite.
El IAIP recibió la apelación de Grupo LPG el pasado 18 de abril, solicitando “un proceso abreviado puesto que ya existen antecedentes”.
En su alegato de hace un mes, el secretario general de la FESFUT, Luis Pérez Guerrero, sostuvo que la entidad no está obligada a entregar esa información “porque no es una institución gubernamental ni los miembros del comité ejecutivo son considerados como funcionarios públicos, según se establece en el artículo 44 de la Ley General de los Deportes”.
Sin embargo, las peticiones de información que Grupo LPG hizo desde 2015 a distintas federaciones deportivas y del INDES y sus respectivas apelaciones al IAIP han creado suficiente jurisprudencia para descartar esa justificación.
En primer lugar, en la resolución NUE 201-A-2015 del IAIP se estableció que “una federación deportiva, al recibir fondos del erario, está sujeta a la Ley de Acceso a la Información Pública”. No ser funcionarios no les exime de rendir cuentas sobre el uso que hacen de los fondos del Estado e información que manejan, como las actas de sus comités directivos.
De modo más específico, en la resolución NUES 27-A-2016, el instituto falló que la FESFUT está obligada a dar información no solo por administrar fondos públicos, “sino porque otra parte de esos dineros los usa para el pago de empleados que realizan funciones administrativas o propias de la organización”.
Y precisamente, la información es pública cuando está en poder de las personas jurídicas privadas que reciben participación o subvención del Estado.
Estas son las realidades jurídicas que la actual administración de la FESFUT pretende ignorar, pese a que durante su mandato el comité saliente recibió $2 millones de fondos del Estado.