Autoridades entregan paquete de reformas a Ley Penitenciaria
El objetivo es un régimen de máxima seguridad y modificar visitas en cárceles.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, entregó a la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa un proyecto de reformas a la Ley Penitenciaria, con el que se busca incorporar de forma permanente parte de las medidas extraordinarias implementadas de forma transitoria en los centros penales desde hace dos años y que llegarán a su fin en octubre.
En las reformas planteadas también se incorpora el régimen de máxima seguridad, que todavía no se encuentra contemplado en la ley.
“El régimen de máxima seguridad va a quedar destinado contra todas aquellas personas que representen la mayor peligrosidad, por ocupar dentro de estructuras criminales un rol de cabecilla, y sea especialmente importante y necesario mantenerlos en un régimen más estricto”, dijo Landaverde.
En esta modalidad “quedarán prohibidas todo tipo de visitas, familiares e íntimas, a excepción de visitas profesionales que regularmente deben hacer defensores públicos y privados de los internos”.
Ramírez Landaverde agregó que actualmente los centros penales con un régimen más riguroso son dos: el de Zacatecoluca, en La Paz; y el de Izalco en su fase tres, en Sonsonate.
Por otra parte, dijo que se restablecerían las visitas familiares en los centros penales que actualmente las limitan; no obstante, esto se haría bajo regulaciones claras en la ley y readecuaciones en la infraestructura penitenciaria. Además, se contempla la participación obligada de los reos en programas de educación y el corte de señal de telecomunicaciones, entre otras.
El primer decreto de las medidas especiales fue aprobado el 1.º de abril de 2016 ante la ola de asesinatos que incluyó la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico, y como una forma de detener las extorsiones ordenadas por los pandilleros desde los centros penitenciarios. En 2017, a petición del Gobierno, la Asamblea Legislativa prorrogó las medidas por un año y lo mismo ocurrió en 2018, pero esa vez la prórroga fue de seis meses. Vencen el 30 de octubre.
Además, está en poder de la Asamblea Legislativa decidir si se mantienen permanentes en los 27 centros penales y ya no solo en seis como hasta hoy.