Dos acusados de quedarse con dinero PNC usarán brazaletes
Los otros seis pagarán fianzas de entre $1,000 y $1,500 para ser procesados en libertad.
“Se determinó que productos registrados en el sistema de suministros de la Policía no estaban en las bodegas”. FISCAL DEL CASO
Lorgio Antonio Campos y Jerónimo Salvador Pineda, quienes son empleados administrativos de la Policía Nacional Civil (PNC), utilizarán brazaletes electrónicos como medida sustitutiva a la prisión por supuestamente haberse quedado con un poco más de $239,000 que eran de la institución policial. Sus compañeros Lisandro Alfredo Abarca Ramírez, José Ángel Orellana Durán, José Moisés Mata Rivera, Cristina Jamilette Rivas Aparicio y Manuel Antonio Flores también serán procesados por el mismo delito y por incumplimiento de deberes, pero en vez de brazaletes tendrán que pagar fianzas de entre $1,000 y $1,500. Así lo decretó ayer el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, después de la audiencia inicial. El caso fue enviado a la fase de instrucción.
De acuerdo con el fiscal del caso, la investigación comenzó en 2014, cuando la Unidad de Asuntos Internos de la Policía detectó, a través de una auditoría, irregularidades en la administración del dinero que la institución destinaba para lubricantes e insumos para el mantenimiento vehículos policiales.
“En 2014 el comisionado y jefe de la Unidad de Asuntos Internos, José Elías Menjívar Domínguez, se acercó a la Fiscalía para denunciar lo que estaba ocurriendo en el almacén 3 de la Policía”, dijo el fiscal.
En la denuncia, el comisionado Menjívar explicó que en junio de 2014 hubo un traspaso de mando en ese almacén. Cuando el nuevo jefe llegó, encontró que había un faltante de $239,000, así que ordenaron una auditoría y los auditores encontraron que los reportes y registros de compras no coincidían con los productos que estaban en la bodega y los almacenes de la Policía.
“Se determinó que había productos registrados en el sistema de suministros de la Policía, pero no estaban esos productos en las bodegas. Se determinó que hubo una factura por más de $71,000 en suministros, pero esos productos nunca fueron llevados a los almacenes”, dijo el fiscal.
De acuerdo con la investigación, este tipo de irregularidades se dieron desde 2008 hasta 2014, cuando hubo traspaso de mando en los almacenes.
Los involucrados, según el fiscal, hacían cuadrar los balances y registros contables para que pareciera que no había irregularidades. En total fueron 18 actas de inventarios las que fueron manipuladas en el registro, según la acusación. Algunos de los involucrados podrían haber notificado de las irregularidades, según el fiscal, pero no lo hicieron, así que por esa razón también fueron procesados judicialmente.