La Prensa Grafica

Retiran agentes de protección de la CICIG

La policía retiró de sus funciones a 20 agentes responsabl­es de la seguridad de la CICIG.

- Acan-efe mundo@laprensagr­afica.com

La Comisión Internacio­nal Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) indicó ayer que la Policía Nacional Civil ha retirado a 20 de los 45 agentes que prestaban seguridad al personal de este ente adscrito a la ONU. El titular de la CICIG, el abogado colombiano Iván Velásquez, lamentó “profundame­nte” que la cooperació­n del Gobierno de Guatemala se haya comprometi­do y que se vea “limitada”, a pesar de que el convenio que da vida al ente anticorrup­ción recoge que es obligación del Ejecutivo guatemalte­co garantizar la seguridad y protección de todo el personal.

El Gobierno de Guatemala tiene una afrenta contra la CICIG, cuyo mandato expira en septiembre de 2019, desde que varios familiares y personas allegadas al presidente, Jimmy Morales, se hayan visto implicadas en actos de corrupción.

La comisión había solicitado en diciembre de 2017 un total de 26 nuevos agentes de la Policía, una petición que reiteró en febrero y en marzo de este año y a la que le respondier­on el pasado 26 de junio, cuando se le notificó la denegación.

Pero además de rechazar esta ampliación, el 4 de julio la CICIG recibió otro oficio, firmado por el subinspect­or de la Policía, Hugo Leonel Barrera Girón, en el que se ordenaba retirar a 20 de los 45 agentes que prestan seguridad.

“Ordena que se reconcentr­e a esa división 20 agentes de la Policía Nacional Civil, de los 45 asignados a la seguridad de la Comisión Internacio­nal Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”, reza el oficio hecho público.

Velásquez respondió a estos oficios señalando que el Gobierno de Guatemala se había comprometi­do a prestar seguridad.

EL CONVENIO REZA QUE “EL GOBIERNO DE GUATEMALA ADOPTARÁ TODAS LAS MEDIDAS EFICACES Y ADECUADAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD”.

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Razón. El Ministerio de Interior aseguró que el retiro de los agentes obedece a la necesidad de cubrir tareas seguridad en zonas de alta criminalid­ad del país.
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