Tribunal admite declaración de criteriado en caso Saca
El tribunal Segundo de Sentencia también rechazó los testigos ofrecidos por la defensa, entre ellos al expresidente Cristiani y otros siete exfuncionarios.
“Las resoluciones del juez instructor de la prueba ofrecida (por la defensa del expresidente Saca) han sido rechazadas conforme a derecho. Carece de valor”. JUEZ PRESIDENTE, TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA DE SAN SALVADOR
“Lo único que hice fue manejar las cosas tal como se hicieron en la Secretaría de Comunicaciones en las administraciones anteriores, posterior y en la actual”. JULIO RANK, EXSECRETARIO DE COMUNICACIONES ACUSADO DE CASOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador decidió ayer admitir la declaración de un testigo con régimen de protección que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente de la república Elías Antonio Saca y seis exfuncionarios de su gobierno acusados de peculado (malversación de fondos) y lavado de dinero.
Además del expresidente, están procesados el exsecretario privado de la Presidencia Élmer Charlaix; el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia Julio Rank; el exsecretario de Juventud César Funes; el contador de la Secretaría Privada, Pablo Gómez; el exjefe de la Tesorería Institucional Jorge Herrera Castellanos; y el exjefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga.
La Fiscalía los acusa de desviar $301 millones de fondos públicos a 16 cuentas privadas a nombre de Charlaix, Gómez y Arteaga, desde las cuales los acusados sacaron el dinero en efectivo y en cheques para pagar gastos privados.
La acusación también apunta a gastos irregulares desde la Secretaría de Comunicaciones cuando Julio Rank estaba al frente de esa dependencia de Casa Presidencial durante la administración Saca.
La FGR le pidió al tribunal admitir la declaración del criteriado (con beneficios judiciales a cambio de su testimonio) bajo el argumento de que se trató de una prueba que no tenía en la etapa de instrucción.
La Fiscalía dijo que no podía adelantar ningún detalle acerca del nuevo testigo en el caso debido a que contaba con el régimen de protección; sin embargo, señaló que la intención de su inclusión al proceso es para que explique durante el juicio “cómo se utilizaban algunas sociedades privadas para lavar el dinero proveniente de los fondos públicos”.
Rank dijo ayer, minutos antes de iniciar la audiencia de aportación de pruebas, que estaba por cumplir dos años bajo prisión preventiva y que durante todo ese tiempo no había visto ninguna prueba.
Negó, además, que haya utilizado fondos públicos para beneficio propio porque actuó tal como “se manejaron las cosas en la Secretaría de Comunicaciones en las administraciones anteriores, posterior y en la actual”. “De eso a que sea una forma ilegal es lo que tienen que probar. Tengo toda la documentación que prueba que el dinero que recibí fue para la operatividad de la Secretaría de Comunicaciones, como siempre se ha hecho”, declaró.
RECHAZO A DEFENSA
El tribunal Segundo de Sentencia también decidió rechazar la petición de la defensa de Saca y Charlaix de incluir a 28 nuevos testigos de descargo, entre ellos al expresidente Alfredo Cristiani y siete exfuncionarios de las administraciones presidenciales de los períodos de 1989 a 2004.
El tribunal consideró que la nueva prueba que los defensores pretendían incorporar en el caso ya había sido rechazada debidamente por el juez Cuarto de Instrucción; por lo tanto, carece de validez probatoria.
Además de los testimonios de las administraciones pasadas, los defensores pidieron entrevistar a personas naturales y representantes de empresas que recibieron cheques de la Presidencia para probar la existencia de beneficiarios de los $301 millones que la Fiscalía cuestiona; sin embargo, el tribunal dijo que eso era un acto de investigación que ya no procede en esta etapa del proceso.
“Los actos iniciales de investigación no se incorporan en el juicio, lo único que se puede incluir es la denuncia y los reconocimientos”, aclaró el juez presidente del tribunal.
El juicio está programado que inicie el próximo 7 de agosto; sin embargo, la defensa adelantó que interpondrá un recurso ante un tribunal superior, por lo que podría retrasarse la vista pública.
Luis Peña, defensor de Charlaix, dijo que en caso de no haber sentencia dentro de tres meses, cuando se cumple el plazo máximo de detención provisional, pedirá la libertad de los acusados.