CSJ gastó $169,566 en viajes de magistrados
Un informe de la Gerencia Administrativa y de Finanzas consigna que entre 2012 y 2017 el motivo de las salidas fue por reuniones, foros, talleres y visitas de cortesía.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) gastó $169,566.04 en los 137 viajes que hicieron 19 magistrados a destinos como Bosnia y Herzegovina, Austria, Italia, España, Francia y otros países de América entre 2012 y 2017, según un documento de la Gerencia General de Administración y Finanzas de la institución. Del total del gasto, $99,782 se usaron para viáticos. El resto sirvió para los boletos. El documento, entregado por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial al abogado Hérbert Danilo Vega, consigna que el magistrado que más viajes realizó durante esos seis años fue el presidente de la CSJ, Armando Pineda Navas, con 26 viajes con un gasto total de $24,768.82.
El monto erogado para viajes y viáticos de los magistrados durante los últimos seis años es menor que los $204,847 que la Asamblea Legislativa gastó para 71 viajes de sus diputados entre mayo de 2015 y marzo de 2017.
La Corte erogó $4,552.52 en boletos para que viajara el presidente de la institución, el resto fue
cubierto por organismos internacionales y asociaciones que organizaban los eventos, como talleres, asambleas o visitas de cortesía.
El país que más visitó Pineda Navas en ese lapso fue Nicaragua; siete ocasiones. El motivo: reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe. El informe de la Gerencia de Administración y Finanzas destaca que se trata de encuentros donde “se tocan temas de interés para la administración de justicia en la región”.
En segundo lugar con más viajes aparece la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal Doris Luz Rivas con 18 viajes y un gasto de $15,445.63, de los cuales $11,320 fueron en concepto de gastos de viaje cubiertos con fondos públicos: como hospedaje, alimentación y otros. Rivas viajó cuatro veces a Panamá, su principal destino, en esos seis años.
La magistrada María Luz Regalado, quien fue presidenta de la Sala de lo Civil, fue la tercera más viajera en los seis años. El documento consigna que realizó 17 salidas por $26,755.14, de los cuales $12,760.80 fueron con fondos públicos que le entregó la CSJ.
El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional Florentín Meléndez fue el cuarto más viajero. Hizo 16 salidas, una menos que Luz Regalado, y el lugar más lejano que visitó fue Bosnia y Herzegovina.
“Poder elaborar propuestas que sean entregadas al Gobierno manifestando la necesidad de fortalecer el área científica forense en El Salvador”, justifica el informe de la gerencia sobre el viaje de Meléndez a ese país europeo. Lo realizó entre el 7 y el 14 de mayo de 2012. La institución le dio $2,445 para gastos de viaje; el boleto, que no detalla el costo, fue cancelado por la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas.
LOS MÁS COSTOSOS
El viaje más costoso financiado con el presupuesto institucional del Órgano Judicial fue el que realizó la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Dafne Yanira Sánchez, entre el 5 y el 24 de mayo de 2017. Gastó $4,660.65 en un viaje a España en concepto de boleto de avión, viáticos y gastos de viaje.
El informe determina que Sánchez asistió a un curso especializado en Derecho Especialidad de Tradición y Cambio en un Mundo Globalizado: una respuesta desde el derecho administrativo con el objetivo de “intercambiar conocimientos y experiencias atinentes a la materia”.
Regalado, además, hizo un viaje completo costeado totalmente con fondos públicos: fue a España entre el 12 y 19 de diciembre de 2015. En esa ocasión gastó $4,631.91 entre boleto, viáticos y gastos de viaje.
Asistió a la segunda reunión preparatoria de la XVIII cumbre judicial iberoamericana, seguridad jurídica, cultura de paz y desarrollo civil en Andorra, Barcelona.
La Corte Suprema de Justicia decidió a mediados del año pasado aumentar su presupuesto para gastar en viajes. Pasó de los $93,740 que dispuso en 2008 a los $183,800 que destinó en 2017.
Una acción que provocó críticas en distintos sectores del país porque ocurrió a pocos días de que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley del Presupuesto General de la Nación de 2017, y ordenó parar contrataciones y aumentos salariales; inhabilitó el financiamiento estatal a ONG y prohibió los seguros médicos privados para funcionarios y jefaturas de los tres órganos de Estado.