Sexta suspensión de juicio en contra de extorsionistas
Por cumplirse el tiempo máximo que los reos pueden estar en detención provisional.
En seis ocasiones, el tribunal de Sentencia de La Unión ha suspendido la vista pública contra una estructura de personas que son procesadas desde el año pasado por el delito de extorsión, en perjuicio de varias víctimas.
El tribunal confirmó que desde 2017 se ha venido suspendiendo y reprogramando en nuevas fechas el juicio. Y son diferentes motivos por los cuales se ha dejado de hacer la audiencia, por ejemplo, ayer la causa fue porque no se pudo contar con algunos reos y porque no asistieron los defensores públicos de 10 imputados.
“A cinco no los dejaron salir del centro penal de La Unión, y la justificación que dieron es porque están de vacación. Además, la Procuraduría General de la República no asignó abogados defensores para 10 imputados que están en el proceso”, aseguró una fuente del tribunal.
Al igual que otros procesos, en este también se está a punto de cumplir los tiempos que deben permanecer los imputados bajo la detención provisional, que son dos años, según la ley, y al cumplirse dicho período, aunque no se haya realizado el juicio, los reos deben ser puestos en libertad.
Sin embargo, desde el tribunal informaron que cuando los procesados están a punto de cumplir ese tiempo, se hacen los máximos esfuerzos para reprogramar los juicios lo más pronto posible. Y en este caso, como se tiene un imputado en un centro penal con medidas extraordinaria de seguridad, también se gestiona con la Dirección de Audiencias Virtuales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que programe la vista pública cuanto antes.
DOS CUSTODIOS ENTRE PROCESADOS
La estructura de supuestos extorsionistas está integrada por 25 personas, en su mayoría son mujeres, quienes eran las encargadas de retirar del sistema financiero las cantidades de dinero que otros imputados exigían a sus víctimas, las cuales oscilaban entre $100 y $500.
Entre los procesados figuran dos excustodios del centro penal de Usulután, quienes, según las investigaciones, cuando se desempeñaron como seguridad, tuvieron pleno conocimiento de las exigencias económicas que se hacían desde el precinto, y además permitían el ingreso de familiares de los reos a quienes se les entregaba el dinero.