CONFIESA SACA Y LOGRA TRATO CON FGR
Saca y otros tres imputados recibirán una pena mínima tras confesar que saquearon al Estado. La Fiscalía busca que devuelvan $301 millones, pero únicamente han ubicado bienes a Saca por entre $25 y $30 millones.
“A este momento las expectativas (de reintegrar los $301 millones) de la cuantía de la Fiscalía son demasiado especulativas... Es difícil quedar bien con la sociedad”.
MARIO MACHADO, ABOGADO DE SACA “Esa cantidad de millones de dólares sacados en efectivo ($195), es de difícil rastreo, de difícil ubicación y detección. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo”.
JORGE CORTEZ, JEFE DE LA UIF
El expresidente Elías Antonio Saca y tres exsecretarios materializaron ayer en el inicio de la audiencia del caso “Destape a la corrupción” un juicio abreviado con la Fiscalía General de la República (FGR): Saca y tres de sus exfuncionarios confesaron haber sido parte de una estructura que saqueó y lavó $301 millones. La FGR solicitó las penas más bajas para los imputados.
La Fiscalía solicitó 10 años de prisión contra Saca y su ex secretario privado Élmer Charlaix; y cinco años de cárcel para los exsecretarios César Funes y Julio Rank.
El jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía, Jorge Cortez, defendió que las penas solicitadas no representan el tercio de la pena mínima, tal como establece la ley como posible pena menor en caso de un procedimiento abreviado. Sin embargo, según el Código Penal, el peculado aplicable a Saca y a Charlaix tiene como pena menor 12 años de cárcel.
Este caso se convertiría en la primera condena contra un ex presidente de la República, lo que sienta un precedente histórico.
Cortez dijo que la Fiscalía actuará para que se recuperen “entre 25 y 30 millones de dólares” en propiedades a nombre de Saca. “Los 300 millones se ha dicho que peculó, de esos 300 millones sabrán que 195 millones salieron en efectivo, de esos, 172 millones fueron sacados por el señor Pablo Gómez. Eso significa que esa cantidad de millones de dólares sacados en efectivo, como saben y en otros casos ha sucedido lo mismo, es de difícil rastreo, de difícil ubicación y detección. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo”, dijo Cortez, quien recalcó que la aprobación de un juicio abreviado no debe entenderse como un “beneficio”
$301 MILLONES ES EL MONTO TOTAL QUE LA FISCALÍA ESTABLECIÓ EN SU ACUSACIÓN COMO RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CASO, ES DECIR QUE ESPERAN QUE SEA DEVUELTA AL ESTADO.
procesal.
El defensor de Saca, Mario Machado, señaló que parte del acuerdo incluyó la entrega de algunos bienes, pero no quiso adelantar el monto total de estos.
“A este momento las expectativas de la cuantía de la Fiscalía son demasiado especulativas. Como usted comprenderá, si usted tiene un cáncer tiene la opción de operarse o dejarse morir por el cáncer... Es difícil quedar bien con la sociedad”, declaró Machado refiriéndose a los $301 millones que la Fiscalía había solicitado inicialmente que Saca y los otros seis acusados devuelvan a las arcas del Estado.
Varios abogados defensores del caso señalaron que es una incoherencia que la Fiscalía solicite el reintegro de los $301 millones, cuando en su investigación acreditaron que no todo ese dinero fue a parar al patrimonio de Saca y los demás acusados, sino buena parte de los montos pasó únicamente
por sus cuentas para beneficiar a terceros.
El acuerdo se formalizó ayer al inicio del juicio instalado por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, entre bromas y risas entre los imputados y sus abogados, y ante los ojos de la representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en inglés), Mónica Mendoza, y otros asesores legales internacionales que acudieron a la sala de audiencias
El trato nació a iniciativa de la defensa el 17 de julio de este año, cuando los imputados firmaron
las solicitudes.
Según los abogados defensores, la resolución favorable firmada por el fiscal general, Douglas Meléndez, les fue notificada el 23 de julio pasado, previo al inicio de las vacaciones.
El tribunal admitió el acuerdo y decidió seguir el proceso de forma simultánea en contra de los cuatro que tienen el acuerdo de proceso abreviado y un juicio ordinario contra los tres exempleados de Casa Presidencial (lea nota en página 4). El tribunal decidió que para no contaminar la prueba los procesados de forma ordinaria saldrán de la audiencia cuando se reproduzca prueba del proceso abreviado.
La Fiscalía inició ayer con la descripción de los hechos que involucran a todos los acusados.
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene en estudio una solicitud elaborada por los abogados defensores de los exempleados de Casa Presidencial vinculados al caso Saca: Francisco Rodríguez Arteaga, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera. Uno de los abogados defensores dijo en el juicio iniciado ayer que ellos enviaron a la Fiscalía la solicitud para llegar a un acuerdo similar al del procedimiento abreviado con penas bajas que lograron el expresidente Elías Antonio Saca y tres exsecretarios. Los defensores de los exempleados hasta la fecha no han tenido respuesta.
El jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía, Jorge Cortez, dijo ayer que se atrasaron en la respuesta a la solicitud de los tres exempleados de Casa Presidencial debido a que esta fue presentada justo antes de las vacaciones agostinas.
“Está en trámite de darle una respuesta a sus defensores sobre la petición principal que han efectuado. El hecho de que se esté manejando un caso abreviado y paralelamente un proceso común no significa que eventualmente podrían estar ellos bajo el análisis jurídico de la pretensión que han solicitado”, explicó Cortez.
La respuesta de Cortez dista un poco de lo publicado ayer en la tarde por la Fiscalía en su cuenta oficial de Twitter, donde prácticamente dio por descartado un arreglo con los tres exempleados de Casa Presidencial. “...Habiendo solicitado uno de ellos la pena mínima de dos años. Solicitaron un sobreseimiento definitivo, peticiones que resultan improcedentes”, publicó la Fiscalía en un comunicado donde trata de enfatizar que el proceso abreviado es un mecanismo legal.
El Tribunal Segundo de Sentencia instaló ayer el juicio y decidió conducir de forma simultánea el proceso abreviado contra Saca y tres exsecretarios, y el proceso ordinario contra los tres exempleados de Casa Presidencial. De forma que estos últimos y sus abogados abandonarán el lugar cuando se traten asuntos del procedimiento abreviado, con el fin de no contaminar la prueba.
El primer día del juicio terminó ayer aproximadamente a las 6 de la tarde. La Fiscalía ha anunciado que en el proceso hará desfilar a varios testigos que acreditarán, entre otras cosas, la forma en la que la banca privada permitió a la estructura del caso Saca saquear al Estado y cómo Saca fraguó un acuerdo con agencias de publicidad y otras empresas, que ayudaron a movilizar el dinero para posteriormente recibir en sus empresas el 80 % del monto trasladado.
En los casos del “Destape a la corrupción”, como llamó la Fiscalía a los casos vinculados a la estructura de Saca, el ente acusador cuenta con los testigos con régimen de protección clave Prometeo, Príamo y Olimpo. Así como con el testimonio de una persona al cual un juzgado instructor le colocó reserva total.
TAMBIÉN EN EL CASO FUNES
Arteaga, Gómez y Herrera también están siendo acusados de
“Eventualmente podrían estar ellos (tres exempleados de CAPRES) bajo el análisis jurídico de la pretensión que han solicitado”.
JORGE CORTEZ,
JEFE DE LA UIF
ser parte de la estructura liderada por el expresidente Mauricio Funes, que saqueó $351 millones, a través de la cuenta de Gastos Reservados de la Presidencia y de modificaciones presupuestarias que la alimentaron.
En el caso Funes, el mecanismo usado fue diferente al de Saca, según la Fiscalía, porque extrajeron el dinero de la cuenta de gastos reservados hacia ocho cuentas privadas en el Banco Hipotecario. Los exempleados de Casa Presidencial eran quienes se encargaban de retirar el dinero en efectivo de dicho banco. Algunas veces, según ha señalado la Fiscalía, lo retiraron en bolsas negras plásticas. Por ese caso está prófugo el sucesor de Saca. Según dijo recientemente el expresidente de la Corte Suprema, Armando Pineda Navas, no ha iniciado el trámite para su extradición al país desde Nicaragua, donde consiguió asilo.