Dos implicados más en caso Saca aceptan confesar
El tribunal impuso trabas procesales ante el acuerdo. La Fiscalía pidió tres años de prisión para ellos por cada delito. Hoy confesarán durante el juicio.
El exgerente financiero de la presidengarcíacia
de Antonio Saca, Francisco Rodríguez Arteaga, tomó ayer el micrófono ante el tribunal Segundo de Sentencia y respondió “sí” a la pregunta de uno de los jueces. De esa manera selló el acuerdo logrado con la Fiscalía General de la República (FGR) y confirmó que así como lo había pactado un día antes Saca, él iba a confesarse como culpable en el juicio por el desvío de $301 millones de fondos públicos a cuentas privadas.
Rodríguez Arteaga, mayor de 60 años, se sentó después de esa respuesta y empezó a llorar. Los otros seis acusados, entre ellos el expresidente Saca, le dieron una palmada en la espalda.
El exempleado de Casa Presidencial confesará hoy en el juicio haber sido el responsable de crear cuentas a su nombre y haber movilizado en ellas millones de dólares del erario público de manera ilegal. Los abogados han señalado que todo ese mecanismo del manejo de dinero lo hizo en función de un vacío normativo y por disposición de la Presidencia sobre el manejo de los gastos reservados o partida secreta.
“La partida secreta ha existido y sigue existiendo, nos guste o no, le guste o no a la representación fiscal”, dijo ayer en la mañana la abogada de los exempleados de Casa Presidencial, Tania Pastor, ante la solicitud del tribunal Segundo de Sentencia para que emitiera una orientación del caso antes de lograr el acuerdo.
Al igual que Rodríguez Arteaga, el exjefe de la Tesorería de Casa Presidencial, Jorge Herrera Castellanos, también se declarará culpable hoy a cambio de una mínima pena de cárcel.
La Fiscalía pidió ayer tres años de prisión para Herrera Castellanos por el delito de peculado (mal uso de fondos públicos) y seis años de cárcel para Rodríguez Arteaga por el delito de peculado y lavado de dinero, es decir, tres por cada uno.
La pena que debería aplicárseles en el caso del peculado, tomando en cuenta la normativa vigente cuando iniciaron a cometer los ilícitos que confesarán, es de cinco a 10 años de prisión. Mientras que para el lavado de dinero, la pena ronda entre los cinco y los 15 años de cárcel.
“El grado de responsabilidad de los imputados no se encuentra al mismo nivel, por ejemplo, del señor Elías Antonio Saca o Élmer Charliax, de ahí la graduación de la pena”, dijo el coordinador del equipo fiscal, en referencia a que para el expresidente y sus exsecretarios solicitaron cinco años de prisión por cada delito a cambio de la confesión.
El ex asesor contable de Casa Presidencial Pablo Gómez es el único de los siete acusados en el caso que no quiso ser parte del trato con la Fiscalía. Según sus abogados defensores, el imputado no quiere confesar porque sostiene que solo cumplió órdenes de sus superiores. La Fiscalía y los abogados de los imputados lograron el acuerdo para dos imputados ayer a pesar de diversas trabas procesales interpuestas por el tribunal Segundo de Sentencia.
La ley salvadoreña establece que la etapa propicia para pedir un proceso abreviado y una rebaja de pena es la parte de incidentes, en ella las partes plantean aquellos asuntos distintos del tema principal del juicio, pero que requieren una resolución judicial por ser parte del mismo proceso.
Los abogados presentaron la solicitud de negociación a la Fiscalía la última semana antes de vacaciones, por ello la decisión fiscal sobre el asunto no estaba lista al inicio de la audiencia, según afirmó el martes el jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UFI) de la Fiscalía, Jorge Cortez.
El tribunal Segundo de Sentencia dio ayer tres horas de receso por la mañana para que se diera el acuerdo. Uno de los requisitos de ley para que se dé el procedimiento
“El grado de responsabilidad de los imputados no se encuentra al mismo nivel, por ejemplo, del señor Elías Antonio Saca o Élmer Charliax, de ahí la graduación de la pena”.
FISCAL DEL CASO,
FGR
“La partida secreta (o gastos reservados de la Presidencia) ha existido y sigue existiendo, nos guste o no, le guste o no a la representación fiscal”. TANIA PASTOR, ABOGADA DEFENSORA
abreviado y la reducción de pena es que se dé la confesión de los imputados para poder generar esta declaración jurada en físico. La defensa y la Fiscalía pidieron ayer que se suspendiera la audiencia y se retomara el lunes próximo. Sin embargo, tras varios recesos, los jueces no avalaron esa petición alegando que esas eran diligencias extrajudiciales que podían atrasar el juicio. Por esta razón, la defensa tuvo que pronunciar verbalmente la solicitud y la Fiscalía responder a ella en la audiencia sin tener la declaración jurada de la confesión. Está previsto que hoy confiesen los seis imputados.