“En el caso de los seguros (de daños y personas) ya decidió que los contratos son prorrogados, en el caso de la seguridad va a licitación. Pero de eso no hay acta firmada todavía”.
tas de Empresas que no cumplan con este requisito”.
En El Salvador solo existe una compañía aseguradora que cumple con este requisito, según clasificaciones de Fitch Ratings y Global Venture, lo cual permite una prórroga casi automática del contrato como lo señaló Rivas y, posiblemente, una licitación hecha a medida, aunque el presidente de la autónoma prefiere definir este punto como “una complicación de competencia en el mercado”.
“Generalmente en la ANDA, solo hay una compañía, que ha estado toda la vida y cuando se han abierto competencia solo ellos han participado. Entonces, generalmente hay una complicación de competencia en el mercado. Puede ser renovable, pero hasta que el acta no esté firmada no puedo dar confirmación de ello”, reafirmó Rivas.
Según la condición general 8 de las bases de licitación pública número LP-02/2018 referente al “Seguro de todo riesgo de daño físico a primera pérdida, responsabilidad civil, automotores fidelidad, dinero y valores; colectivo de vida y gastos médicos”, el cual es el que está en vigencia y tendrá su culminación el último día del año. En dicho documento también se establece que “la presente licitación tendrá recurso financiero Fondos Propios del presupuesto”.
ORDEN DE LA SALA
Esto a pesar de que la sentencia 1-2017/25-2017 de la Sala de lo Constitucional ordena que los “órganos e instituciones de gobierno deberán abstenerse de realizar gastos en nuevos contratos de seguros médico-hospitalarios para sus funcionarios y jefaturas”, aunque aseguró que en su defecto podían “buscar alternativas presupuestarias razonables”.
Y es que además de la protección a bienes y maquinaria de la autónoma, el seguro de personas da cobertura a jefaturas como “miembros de la honorable de junta de gobierno, presidente, directores, gerentes, sub gerentes, asesores y personal designado por la administración superior, funcionarios y empleados nombrados por Ley de Salario, jornal diario y contrato”, según dicen las bases de licitación, las cuales tienen como objeto que “con el presente contrato se pretende adquirir las Pólizas de Seguros para la Institución, con una vigencia de 365 días, en dos grandes ramos: Seguros de Daños y Seguros de Personas”.
En el dictamen que se avaló en enero de 2018 para la aprobación del Presupuesto General de la Nación los diputados incluyeron la prohibición de seguros de vidas y médico-hospitalarios para los funcionarios del sector público no financiero.
En el caso de los empleados de estas instituciones, el decreto establece que “las instituciones deben buscar alternativas presupuestarias razonables, tales como establecer un sistema de responsabilidad compartida en el pago de la prima, que incluya recursos de los presupuestos institucionales y pagos mayoritarios realizados por los mismos beneficiarios”.
Es decir, que en la ley del presupuesto se establecía que los empleados que quieran tener seguro médico privado deberán pagar parte de este.