ORDENAN PRISIÓN A EXPRESIDENTE DE CEL POR EL CHAPARRAL
La jueza dijo que notificará a INTERPOL para que emita difusión roja contra Leopoldo Samour, Mario Pieragostini y José Quinteros, personeros de Astaldi. Supuestos cómplices del expresidente Funes.
Leopoldo Samour, expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) durante el gobierno de Mauricio Funes, se convirtió desde ayer en prófugo de la justicia. El Juzgado Noveno de Paz giró una orden de captura en su contra porque consideró que existen indicios de presunta corrupción en las negociaciones con la empresa Astaldi para finalizar la construcción de la presa El Chaparral.
La resolución fue comunicada ayer por la jueza Novena de Paz, Íngrid Fuentes, quien también ordenó prisión provisional para Mario Pieragostini y José Quinteros, representantes de la constructora, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) amplía la investigación contra ellos. La juzgadora dijo que, a su criterio, los tres imputados sabían las consecuencias de sus acciones.
La jueza también aseguró que realizará las diligencias necesarias para notificar a la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como INTERPOL, con el objetivo de que gire una difusión roja contra los tres implicados para tratar de localizarlos en cualquiera de los 192 países miembros de la institución.
Ninguno de los acusados acudió al juzgado, por ello Fuentes detalló que no hay muestras de que quieran enfrentar el proceso legal. La jueza dijo que ese fue el principal motivo para decretar las órdenes de captura en su contra.
De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, los imputados fueron parte de una supuesta red de corrupción que benefició a Astaldi con $45,244,418 más del monto real que correspondía al avance en la construcción de El Chaparral, a cambio de un supuesto soborno de $3.5 millones para Leopoldo Samour, el expresidente Mauricio Funes y Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”.
La CEL y Astaldi decidieron finalizar el contrato de construcción por un “mutuo acuerdo” tras la cancela- ción de los $108.5 millones acordados en el pacto. El pago, que se hizo efectivo en cuatro desembolsos, fue autorizado en junio de 2012 por la junta directiva de CEL, según los documentos presentados por la FGR en el juzgado.
La fiscalía sostiene que, al momento del arreglo directo, la construcción de la presa El Chaparral, ubicada en San Luis de la Reina (San Miguel), tenía un avance del 31.52 %, por lo cual CEL solo debía cancelar a Astaldi $63,255,582. Las supuestas negociaciones ilícitas entre los funcionarios y los personeros de Astaldi elevaron el monto del contrato hasta los más de $108 millones.
“Lo que para esta jueza está claro es el dominio del hecho (negociaciones) de los señores José Quinteros, Mario Pieragostini y el expresidente de CEL Leopoldo Samour”, dijo ayer la jueza Íngrid Fuentes, antes de confirmar que los tres imputados deberán enfrentar la etapa de instrucción en la cárcel por los delitos de agrupaciones ilícitas, cohecho activo (dar soborno) y lavado de dinero.
Según el requerimiento fiscal, Leopoldo Samour es acusado como autor directo del delito de peculado (mal uso de fondos públicos) y agrupaciones ilícitas. Mientras que Pieragostini y Quinteros enfrentarán la justicia por cohecho activo (dar soborno) y lavado de dinero, respectivamente.
La juzgadora advirtió a la fiscalía que debe fundamentar más la acusación de agrupaciones ilícitas, debido a que consideró que no hay indicios de que existía una estructura definida para malversar los fondos públicos: la negociación por El Chaparral pudo ser solo un hecho aislado de presunta corrupción.
“Nosotros tenemos toda una fase de instrucción (investigación) para fortalecer esos delitos, ese delito (agrupaciones ilícitas) en particular, y ya tenemos una estrategia que no podemos adelantar por el tiempo en que nos encontramos”, dijo el fiscal del caso a las afueras de la sala 4-A del Centro Judicial Isidro Menéndez, donde escucharon la resolución de la audiencia inicial.
Los abogados defensores de Pieragostini solicitaron al juzgado que se declarara incompetente para ventilar el caso, porque las supuestas negociaciones ocurrieron en otro país, pero la jueza desestimó la petición. “Debemos recordar que los funcionarios y el dinero eran de CEL”, dijo la jueza.
AYUDA INTERNACIONAL
El fiscal del caso confirmó ayer
que solicitarán seis meses para ampliar la investigación, el plazo máximo que establece la ley. También reveló que buscarán apoyo internacional con el objetivo de recabar más información, sobre todo porque algunas negociaciones fueron realizadas en Panamá y Costa Rica, de acuerdo con lo que reveló un testigo que tiene régimen de protección.
“Tenemos mucha evidencia que recopilar, sobre todo en asistencias internacionales”, dijo el representante de la fiscalía, sin dar más detalles de la información que solicitarán, alegando que el caso tiene reserva parcial.
Por este mismo caso, el Juzgado Noveno de Paz envió a prisión provisional a “Mecafé” el 7 de enero. Los otros dos acusados son el expresidente del país Mauricio Funes y su actual pareja, Mitchell Guzmán, quienes todavía no conocen la resolución (nota aparte).