Juez prohíbe añadir pregunta sobre nacionalidad en censo
El presidente Donald Trump recibió otro golpe a sus propuestas. Un juez le impidió preguntar a la gente su procedencia como parte de las encuestas del censo.
Un juez federal en Nueva York falló ayer que el gobierno del presidente Donald Trump no podrá agregar al formulario del censo de 2020 una pregunta sobre la nacionalidad de las personas. Esta es la primera sentencia importante en una serie de casos cuyos promotores argumentan que los republicanos forzaron la inclusión de la pregunta por razones políticas para contar intencionalmente a menos personas inmigrantes.
En su decisión de 277 hojas, que no será la última palabra sobre el asunto, el juez federal Jesse Furman alegó que si bien la pregunta sería constitucional, el secretario de Comercio Wilbur Ross había procedido de manera arbitraria para agregarla al censo de Estados Unidos y que no había seguido el proceso administrativo adecuado.
“Él no consideró varios aspectos importantes del problema. También ignoró, escogió o malinterpretó gravemente las evidencias existentes que él conoce. Actuó de manera irracional tanto en vista de esas evidencias como del juicio que dijo haber usado para tomar decisiones, y no justificó los cambios de las prácticas y políticas previas”, escribió Furman.
La explicación de Ross sobre su decisión “no estaba respaldada, o incluso era contraria, a las evidencias LA ADMINISTRACIÓN DE ESTADOS UNIDOS PRETENDÍA INCLUIR LA PREGUNTA EN EL PRÓXIMO CENSO DE LA NACIÓN.
“Cientos de miles de personas, incluso millones, no serán contados en el censo si la pregunta sobre ciudadanía se incluye”. JESSE FURMAN, JUEZ FEDERAL
que se presentaron ante la agencia”, dijo el juez.
Entre otras cosas, agregó el juez, Ross no cumplió con la ley que requiere que él notifique al Congreso con tres años de antelación sobre cualquier plan para añadir una pregunta sobre ciudadanía al censo.
El fallo ocurrió en casos en los que varias entidades –18 estados, el Distrito de Columbia, 15 ciudades grandes o condados y organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes– argumentaron que el Departamento de Comercio, que elabora el censo, no había analizado adecuadamente los efectos que habría tenido la pregunta en hogares donde viven inmigrantes.
Un juicio aparte sobre el mismo tema, presentado por el estado de California, está en marcha en San Francisco.
La Corte Suprema de Estados Unidos también está lista para abordar el asunto el 19 de febrero, lo que significa que el tema legal dista de haberse acabado.
“Estamos decepcionados y seguimos analizando el fallo”, dijo la portavoz del departamento de Justicia, Kelly Laco, en un comunicado.
En el caso de Nueva York, los demandantes acusaron al gobierno del presidente Trump de agregar la pregunta para desalentar intencionalmente la participación de los inmigrantes, lo que podría conllevar a que no se cuenten a muchas personas –y posiblemente menos puestos en el Congreso– en lugares donde la gente tiende a votar por demócratas.
Incluso gente que vive en el país legalmente, dijeron, podría no contestar la pregunta por miedo a sufrir represalias de un gobierno hostil.