Piden condena para padrastro de Imelda Cortez
Reclaman a la FGR poca efectividad en el caso contra el supuesto agresor de la joven, que fue abusada desde que tenía 12 años.
Organizaciones de derechos humanos pidieron ayer que Pablo Henríquez sea enviado a sentencia por haber abusado sexualmente de forma continuada de su hijastra Imelda Cortez desde que ella tenía 12 años.
Producto de ese abuso, Imelda –ahora de 19 años– tuvo un parto extrahospitalario en la letrina de su casa el 17 de abril de 2017. Ella cayó desmayada y despertó horas después en una cama del Hospital de Jiquilisco, en el departamento de Usulután.
La fiscalía la acusó de haber lanzado a su hija en la fosa séptica con la intención de dejarla morir. Fue encarcelada y procesada por intento de homicidio, hasta que un tribunal la dejó en libertad en diciembre pasado. Ella pasó casi 20 meses detenida.
Pablo, el padrastro de Imelda, que tenía 62 años cuando comenzó a abusar de su hijastra, fue detenido tras comprobar que era el padre de la bebé debido al repetido abuso sexual. Lo hacía, según ha contado la víctima, cuando su mamá salía a realizar labores agrícolas. Además, recordó que la amenazaba con hacerle daño si le contaba la agresión a su familia.
Ayer, distintas organizaciones de derechos humanos aseguraron que la fiscalía no ha sido muy diligente en el caso contra Henríquez. A su juicio, los fiscales han retrasado el cumplimiento de la ley en el caso.
“Estamos preocupadas por el actuar de la fiscalía, vemos cómo el sistema judicial funciona de manera desproporcionada cuando se trata de acusar a las mujeres y cuando se trata de llevar aquellos casos en los cuales las mujeres son sobrevivientes”, señaló Alejandra Burgos, de la Red Defensora, una de las organizaciones que exigió ayer sentenciar a Henríquez.
Burgos agregó que Imelda pasó unos 20 meses en prisión, acusada de un delito que no cometió. En ese caso, según la representante de la organización, la fiscalía sí actuó rápido; sin embargo, contra el padrastro se tardó un año en ordenar su detención después de recibir la denuncia del abuso sexual continuado.
Keyla Cáceres, representante de Acción Ciudadana, reclamó el porqué “ese señor” debe tener privilegios y en el caso de Imelda “sí se le criminalizó desde el principio”.
Como ejemplo de su queja de la poca efectividad de la fiscalía, las organizaciones aseguraron que uno de los fiscales del caso se negó a realizar la prueba de ADN al acusado, con lo que pretendían comprobar que era el padre biológico de la menor.
Sin embargo, esa prueba, que fue tomada después, logró comprobar el abuso sexual del padrastro.
Las organizaciones de derechos humanos también exigieron que el supuesto agresor le pague a Imelda un total de $150,000 en concepto de indemnización por los daños provocados.
El Juzgado de Primera Instancia de Jiquilisco, departamento de Usulután, tiene programada para este día la audiencia preliminar contra Henríquez, donde decidirá si lo envía a juicio o lo exonera de cargos. El acusado fue detenido el 16 de marzo de 2018.
IMELDA CORTEZ, QUIEN FUE VIOLADA POR SU PADRASTRO Y LUEGO ACUSADA POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (FGR) DE INTENTO DE HOMICIDIO EN CONTRA DE SU HIJA RECIÉN NACIDA, FUE PUESTA EN LIBERTAD EN DICIEMBRE PASADO POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE USULUTÁN. PASÓ UN AÑO Y SIETE MESES ENCARCELADA.