Fiscalía busca pena máxima contra médicos de Medicina Legal
Los médicos son acusados de beneficiar con contratos a empresa representada por su sobrina.
“No podemos seguir permitiendo que cada vez que estalla una crisis de inseguridad la primera reacción de los funcionarios y del Gabinete de Seguridad es pedir dinero y más dinero, leyes y más leyes”. MAURICIO ERNESTO VARGAS, DIPUTADO DE ARENA
“Hay 46 municipios en nuestro país que tienen cero homicidios en 2018. Tenemos 170 municipios en los cuales la tasa de homicidios es de 1 a 20”. JAVIER VALDEZ, DIPUTADO DEL FMLN
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ayer al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que imponga la condena máxima, ocho años de prisión, contra los médicos Juan Carlos Monterrosa Pashaca y Josefina Morales, exempleados del Instituto de Medicina Legal (IML), acusados de negociaciones ilícitas por irregularidades en contratos con la empresa Diprolab cuando laboraban para la institución pública.
El fiscal del caso también dijo que Sindy Verenice García, representante de la compañía, debería ser sancionada con seis años de cárcel por falsedad material tras presuntamente haber mentido en una declaración jurada en la que aseguró que no tenía vínculos familiares con ninguno de los miembros de IML, a pesar de ser sobrina de Josefina Morales.
De acuerdo con la investigación fiscal, que inició en 2016 luego de un informe remitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los médicos supuestamente se aprovecharon de su puesto laboral y beneficiaron a la empresa Diprolab, representada por su sobrina, con la compra directa de materiales.
El supuesto ilícito fue cometido durante entre 2011 y 2016 cuando los acusados laboraban en el Departamento de Biología Forense del IML. En ese periodo, Diprolab ganó el 87 % de
“Nosotros consideramos que hay suficientes elementos para que se dé un fallo condenatorio. Y no creemos que haya contradicción”. FISCAL DEL CASO
los contratos otorgados, sostiene la FGR.
Manuel Chacón, abogado de ambos médicos, sostuvo ante el juez que la acusación de la fiscalía es contradictoria. El fiscal respondió que, a su criterio, no hay incoherencias. La intervención de ambas partes finalizó ayer y el juez dará su resolución el miércoles 30 de enero.