Sala rechaza demanda de inconstitucionalidad contra fiscal Melara
Demandantes sostenían que su elección es inconstitucional por fallos en el proceso de evaluación, por su poca experiencia y porque tenía un vínculo partidario.
“Si la sala resuelve que la elección fue apegada a derecho seguiré trabajando como lo he hecho desde el primer día, y si no es así, me quedaré con la satisfacción de que hice lo mejor mientras estuve al frente de la institución”. RAÚL MELARA, FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA
“La sala admitió que la demanda no cumplía con los requisitos para su admisión, pues carecía de los elementos procesales mínimos y necesarios para habilitar un análisis de fondo, es decir, tenía un carácter estrictamente subjetivo”. MAGISTRADOS DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
La Sala de lo Constitucional de la Corte de Suprema de Justicia (CSJ) declaró ayer improcedente la demanda contra la elección del actual fiscal general de la república, Raúl Melara, presentada por la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), por “no cumplir los requisitos mínimos legales, pues solo tenía como base una interpretación subjetiva”.
El ISD, a través de Óscar Campos y Ramón Villalta, interpuso una demanda de inconstitucionalidad el 11 de febrero de 2019 argumentando anomalías en el proceso de evaluación, la no publicidad de la elección y la existencia de un vínculo partidariodelfuncionarioelecto.
Con base en lo anterior solicitaban inhabilitar a Raúl Melara para ejercer las funciones de fiscal general.
Sin embargo, la sala consideró que no se presentaron pruebas que fundamentaran las inconstitucionalidades expuestas en la demanda y determinó que no podía ser aceptada.
“La sala admitió que la demanda no cumplía con los requisitos para su admisión, pues carecía de los elementos procesales mínimos y necesarios para habilitar un análisis de fondo, es decir, tenía un carácter estrictamente subjetivo, pues se limitaba a exponer alegatos sin presentar ningún elemento indiciario ni los parámetros de control correctos para sostener que el proceso de selección, su resultado o el dictamen respectivo tuvieran las deficiencias alegadas”, expusieron los magistrados en un comunicado publicado ayer.
Óscar Campos reaccionó al conocer la decisión de la sala y criticó la postura del máximo tribunal. “Lamentable. Resulta que la Asamblea Legislativa no cumple con su labor, entonces el ciudadano demandante debe presentar pruebas de ello, en lugar de ser la autoridad demandada la que debe defenderse de la pretensión”, manifestó.
LAS ANOMALÍAS SEÑALADAS
Raúl Melara fue elegido como nuevo fiscal general el 20 de diciembre de 2018 en un proceso que fue bastante cuestionado por su demora. Recibió 83 votos, lo que implica que hubo acuerdo entre todos los partidos. El único que no votó por él fue el diputado independiente Leonardo Bonilla.
Bonilla criticó que la elección de Melara fue poco transparente, uno de los argumentos que Campos y Villalta expusieron en su demanda del 11 de febrero, citando además los artículos 131 ordinal 19, 177 y 192 de la Constitución.
“No existe ningún argumento que indique que se analizó la documentación de los candidatos, que se ponderó el perfil de cada uno de ellos y que justifique la elección hecha. En suma, no se detalla cómo, cuándo y bajo qué criterios o herramientas se comprobó su idoneidad”, reza la demanda del ISD.
El escrito también exponía que “Melara trabajó como funcionario en gobiernos del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)”, pero la sala ponderó que no presentaban pruebas reales sobre esa afiliación partidaria.
También argumentaron que Raúl Melara no tenía experiencia en el ámbito penal o procesal penal. En el currículo del nuevo fiscal figura su cargo como ex director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), su experiencia como magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia y su función como abogado particular.
Sobre ese punto, después de su elección, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, dijo que su pasó por dichas instituciones no era un problema: “Sí, él fue director ejecutivo de la ANEP no sé si hace ocho o nueve años, pero creo que no debemos estigmatizar a las personas por los cargos que han ocupado, debemos de valorarlos por su trayectoria profesional”.
El fiscal dijo ayer en una entrevista radial que está dispuesto a obedecer las resoluciones que se deriven de las demandas que aún existen en la Sala de lo Constitucional, que por el momento son dos.
“Si la sala resuelve que la elección fue apegada a derecho seguiré trabajando como lo he hecho desde el primer día, y si no es así, me quedaré con la satisfacción de que hice lo mejor mientras estuve al frente de la institución”, expuso.
Si ninguna de las dos demandas que se mantienen prospera, Melara permanecerá tres años en el cargo, desde el 6 de enero de 2019 al 5 de enero de 2022.