Guatemala incumple medidas cautelares
Las medidas buscaban ayudar a comunidades víctimas de la explotación de la mina Marlin, que cerró operaciones en 2017.
Las autoridades guatemaltecas admitieron este martes que han incumplido las medidas cautelares ordenadas hace nueve años en favor de comunidades que fueron víctimas de la explotación de la mina Marlin, de capital canadiense, que cerró operaciones en 2017.
Durante una citación de los diputados de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso, el gerente del Instituto de Fomento Municipal (Infom), Julio Contreras, se retractó de la información presentada acerca del cumplimiento de las medidas ordenadas hace nueve años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de 18 comunidades.
El funcionario había asegurado en un informe, que ayer volvió a citar, que de los 18 proyectos de agua potable siete estaban concluidos en cien por ciento y el resto tenían ciertos avances sobre análisis para la instalación de los sistemas. Pero, representantes de las comunidades denunciaron que ningún proyecto está funcionando y que además representantes del Infom cobran ciertas cantidades de dinero a los pobladores para beneficiarlos con los proyectos.
Ante ello, el presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad, el diputado opositor Amílcar Pop, dijo que Contreras les había mentido y anunció que lo iba a denunciar por perjurio e incumplimiento de deberes.
Pop y sus compañero de Comisión, Byron Cappa, afirmaron que el informe que presentó el Infom “es falso” porque “ningún proyecto está funcionando”.
Además, alertaron que el agua subterránea (de manantiales) está contaminada con arsénico, níquel y cianuro.
Contreras se vio obligado a retractarse y dijo este martes que no estaba seguro de la ejecución de los siete proyectos, cuya información había recibido de los delegados de la institución en San Marcos.
Por ello anunció que junto con los líderes comunitarios hará una visita para establecer el avance del cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH en favor de las 18 comunidades para luego deducir responsabilidades sobre las personas que presentaron el informe.