Magistrado justifica límite para indagar enriquecimiento ilícito
Funcionario dijo que la comisión debe preparar un informe de los casos prescritos.
El magistrado Óscar López Jerez, miembro de la comisión de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), justificó el límite de tiempo para investigar el manejo de fondos públicos administrados por parte de funcionarios y exfuncionarios.
“Se aprobó quitar ese año más (de los 10) de investigación a los exfuncionarios porque no tiene base constitucional. Es ilegal”, defendió el magistrado López Jerez en una entrevista telefónica con LA PRENSA GRÁFICA.
Según el magistrado, fijar las indagaciones sobre el patrimonio de exfuncionarios hasta un máximo de 10 años después de que estos dejen sus cargos es “corregir lo que hizo la Corte Suprema de Justicia anterior”, porque, a su criterio, “la Constitución es clara en esos 10 años”.
El 31 de enero pasado, 11 magistrados de la CSJ decidieron en Corte Plena limitar a una década las investigaciones sobre el patrimonio de exfuncionarios en la búsqueda de posible enriquecimiento ilícito durante sus funciones. A partir de los 10 años, el caso se considera prescrito.
El magistrado dijo que en los casos en que los funcionarios hayan cumplido otras funciones en distintos cargos se toma como base para la prescripción el plazo de los 10 años después del último puesto que haya desempeñado en el Estado.
Según el magistrado, en este último caso encajaría la investigación contra la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar (cuya resolución podría conocerse hoy), porque luego de dejar el cargo de vicemandataria en 2009, continuó como diputada hasta el 30 de abril de 2015.
López Jerez agregó que el límite acordado en Corte Plena es referente a una acción civil de un posible enriquecimiento ilícito, por lo que los casos prescritos no serían enviados a la cámara; pero sí pueden remitir información a la Fiscalía General de la República para que pueda abrir una investigación de tipo penal “en caso de que lo considere necesario”.
“Lo que debe hacer la Comisión de Probidad es elaborar un informe para subirlo a Corte Plena sobre los casos que ya hayan prescrito”, señaló López Jerez sobre el siguiente paso de la comisión tras el acuerdo.