Piden celeridad para crear comisión que verá reformas a LFP
El Equipo Impulsor exigió a la Asamblea Legislativa conformar comisión ad hoc que estudiará anteproyecto.
“Con la reforma se busca que los trabajadores tengan estabilidad, que puedan hacer una carrera en la que puedan progresar para aplicar a diferentes plazas”. GUSTAVO AMAYA, MIEMBRO DEL EQUIPO IMPULSOR
“Se usa el empleo público con fines clientelares, se está contratando personal no porque se necesite, sino porque es una fuente de financiamiento de partidos”. EDUARDO ESCOBAR, MIEMBRO DE EQUIPO IMPULSOR
El Equipo Impulsor de la Reforma a la Ley de la Función Pública (EIRFP) solicitó a la Asamblea Legislativa mayor celeridad en la creación de la comisión ad hoc que estudiará el anteproyecto. Hace tres semanas, en el seno de la comisión de trabajo, se aprobó la conformación de dicha comisión. El anteproyecto de ley fue presentado en diciembre de 2017; sin embargo, todavía no ha comenzado la discusión y se espera el nombramiento y juramentación de los diputados que integrarán la comisión ad hoc.
“Han pasado ya tres semanas desde la aprobación en comisión y todavía no hay ni nombramiento ni juramentación. Es un proceso que puede durar cinco minutos máximo en la sesión plenaria. Esperamos este miércoles se pueda realizar”, dijo Gustavo Amaya, miembro del Equipo Impulsor, en conferencia de prensa en la que estuvieron representadas 16 organizaciones.
Y es que, a criterio de Amaya, existen muchas confusiones alrededor del tema y por ello la importancia de su discusión, debido a que existen sectores que tienen información errónea, entre ellos los sindicatos.
La semana pasada el sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) exigió a los diputados no discutir dicha propuesta de ley asegurando que viola los derechos de trabajadores, así como los derechos sindicales.
“La ley no plantea en ningún artículo que se va a reducir el aparato del Estado, que se va a despedir. No está en esa lógica porque eso sería violar derechos laborales y derechos humanos. Lo que la ley establece es un procedimiento al que todos los servidores públicos ingresen para hacer carrera de la función pública”, agregó Amaya.
En el anteproyecto de ley se establece que en la actualidad existen cerca de 230,000 empleados públicos y, según Eduardo Escobar, director de la organización Acción Ciudadana, en muchas ocasiones la función pública es usada como un clientelismo político con el cual se devuelven favores conseguidos en determinados momentos.
“Se usa el empleo público con fines clientelares, se está contratando personal no porque se necesite, sino porque es una fuente de financiamiento de partidos políticos”, dijo Escobar, miembro de la ONG Acción Ciudadana.
“Tomé la decisión después de haber escuchado al Arzobispo de San Salvador expresando que el documento promovía la impunidad.” RODOLFO PARKER, DIPUTADO DEL PDC