Con 453,000 plazas menos, no celebró Día del Trabajo
Tras años de crecer en forma positiva, la economía de Nicaragua se contrajo en un 3.8 % en 2018.
El Día Internacional del Trabajo no fue celebrado ayer en Nicaragua, donde unas 453,000 plazas se han perdido a causa de una crisis sociopolítica que se inició en abril de 2018 y que ha impactado fuertemente a la economía local.
Las reuniones multitudinarias que en otros años realizaba el Gobierno, o las felicitaciones de diversos gremios en honor de los trabajadores, desaparecieron por segundo año consecutivo en Nicaragua, que vivió una jornada con apenas movimiento en las calles.
Del casi medio millón de personas que perdieron su empleo en los últimos 12 meses, 157,923 pertenecían al sector formal, según el centro de pensamiento independiente Fundación Nicaragüense para el Desarrollo (FUNIDES).
Los números, sin embargo, podrían incrementarse, ya que FUNIDES proyecta que una cantidad similar de empleados perderían sus puestos en 2019, mientras el Gobierno establece la reducción en 65,026.
“Más de 2 millones de personas
Económico
y Social (de 6.3 millones de habitantes) no podrían satisfacer sus necesidades mínimas de consumo, de los cuales 600,000 no serían capaces de costear su alimentación diaria”, ha advertido FUNIDES.
La peor crisis de Nicaragua en décadas, en la que una aparente mayoría pide la renuncia del presidente Daniel Ortega, ha impactado en todas las áreas económicas del país.
Según FUNIDES, algunas de las áreas más afectadas son el comercio y el turismo, que han caído en un 27 % por cada uno, la construcción en un 24 %, y el sector financiero en un 15 %.
Tras años de crecer en forma positiva, la economía nicaragüense se contrajo en un 3.8 % en 2018, como producto de la crisis, según el Banco Central de Nicaragua (BCN).
La crisis ha dejado saldo de 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos humanitarios señalan hasta 568. El Ejecutivo reconoce 199. También suman 809 “presos políticos”, casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.