Envían a prisión a empleados de la PNC por simular compra
Jueza impuso 12 años de cárcel a los cinco empleados porque permitieron que maquila cobrara contrato sin cumplir con entrega.
Cinco empleados de la Policía Nacional Civil (PNC) permitieron que la empresa Maquiladora y Bordados ABBA se apropiara de $191,688.94 de fondos públicos con una venta incompleta de uniformes policiales en 2014. Eso concluyó ayer el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que condenó a 12 años de cárcel a los empleados.
La jueza señaló que los administrativos emitieron documentos que comprobaban que la maquila había cumplido con la entrega de 32,516 uniformes policiales. Debido a los comprobantes, la policía canceló la totalidad del contrato ($223,216.42), pero la empresa todavía debía cerca de 27,000 prendas, según peritaje.
Los condenados, que enfrentaron el proceso en libertad, son Mónica Ivette Pacheco, administradora del contrato; Lorgio Antonio Campos, del Departamento de Suministros; Jerónimo Salvador Pineda, jefe de la sección de almacenes; José Boanerges Muñoz, encargado del almacén 1; y Luis Alonso Lima, auxiliar del almacén 1.
La juzgadora dijo que los cinco empleados de la PNC son culpables del delito de peculado (apropiación de fondos públicos), a pesar de que reconoció que ninguno de ellos se quedó con fondos estatales. El tribunal explicó que la legislación es clara al afirmar que las personas cometen peculado cuando se apropian de dinero público o ayudan a otras personas a apropiárselo, en este caso la maquila.
“Efectivamente se advierte que no se le da cumplimiento a un contrato, pero a la sociedad se le canceló la totalidad del dinero contratado y no prestó el servicio. Eso no hubiese podido ocurrir sin las personas que tenían a cargo esas facultades”, señaló la jueza en referencia a los cinco imputados, quienes escuchaban con visible incredulidad el fallo judicial.
La policía contrató, el 19 de septiembre de 2014, a Maquiladora y Bordados para que le elaborara 27,098 uniformes por $186,025.73; pero a finales del año, la PNC solicitó que incrementara un 20 % la producción de prendas (5,418) a cambio de $37,190.69: 32,516 uniformes en total por $223,216.42.
Uno de los peritos declaró durante el juicio que la empresa solo cumplió con la entrega de uniformes valorados en $31,527.49 y quedó debiendo cerca del 86 % del contrato, equivalente a $191,688.94. La FGR agregó que ejercerá la vía civil para tratar de recuperar el dinero, aunque Jaime Vaquerano, representante de la maquila, sigue prófugo.
La defensa anunció que apelará el fallo e insistió en que firmar la recepción de productos antes de que las empresas los entreguen es una práctica habitual en la policía a final de cada año para evitar que el Ministerio de Hacienda le quite los fondos sobrantes del presupuesto anual.