A JUICIO SIGFRIDO REYES POR SOSPECHA DE RIQUEZA ILÍCITA
La CSJ decidió que el expresidente de la Asamblea Legislativa no pudo justificar $373,183.09 de su patrimonio familiar, por lo que enfrentará una demanda por enriquecimiento ilícito.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió ayer enviar a juicio civil a Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa y expresidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), por considerar que no pudo justificar parte de su patrimonio familiar ante la Sección de Probidad. Diez, de los 15 magistrados de la CSJ, votaron para que el exdiputado enfrente el juicio ante la Cámara de lo Civil por considerar que no pudo respaldar el origen de $373,183.09 del patrimonio familiar. Cuatro magistrados se opusieron a la medida y una más se abstuvo.
Los magistrados que votaron por enviar a juicio al exdiputado Reyes fueron: Óscar López Jerez, Sergio Rivera, Elsy Dueñas, Roberto Calderón, Martín Rogel, Marina de Torrento, Roberto Argueta, Dafne Sánchez, Carlos Sánchez y Aldo Cáder. Se abstuvo de votar la magistrada Doris Luz Rivas.
El 18 de junio pasado, los magistrados conocieron por primera vez el expediente del exdiputado. En esa ocasión, tres magistrados votaron a favor por un proyecto que les presentó la Sección de Probidad de la CSJ con la resolución de que el examen al patrimonio de Reyes no presentaba indicios de enriquecimiento ilícito.
A falta de acuerdo, el expediente fue enviado de regreso a Probidad para que elaborara un nuevo proyecto con información que apuntaba a un presunto enriquecimiento ilícito. Fue el avalado ayer con 10 votos
de los magistrados.
A Reyes lo investigó la CSJ porque en su declaración patrimonial reflejó un incremento exponencial, según el último informe de Probidad.
Las declaraciones juradas de patrimonio que Reyes presentó en Probidad reflejan que en 2006, cuando empezó su primer periodo en la Asamblea, tenía un patrimonio líquido de $108,800. Después de tres legislaturas, su patrimonio subió a $628,088.33.
De igual forma, el patrimonio de su esposa e hijos pasó de $218,065.11 en 2006 a $416,967.67 en abril de 2015. Por lo tanto, el patrimonio de Reyes y su familia subió más de $700,000 en sus tres periodos como diputado, la riqueza familiar pasó de $326,865 en 2006 a reportar un total de $1,045, 055 en 2015.
En noviembre de 2017, el pleno de la CSJ decidió dar 90 días hábiles adicionales al exdiputado para que pudiera desvanecer los reparos sobre su riqueza.
Se trataba de 47 irregularidades patrimoniales del exdiputado que en ese momento no tenían respuesta clara. Para febrero de 2018, el expresidente de la Asamblea Legislativa pudo explicar 29 señalamientos, pero el resto quedó en números rojos, que según Probidad provenía de depósitos a su cuenta bancaria y de pago de deudas.
Muchos de los argumentos que el expresidente de la Asamblea Legislativa presentó a Probidad para desvanecer los reparos se basan en viáticos y bonos que recibió como parte de los viajes que realizó como diputado.
Sin embargo, el magistrado López Jerez, uno de los que votó a favor ayer para enviarlo al juicio civil, dijo que el exdiputado logró desvanecer una “cantidad considerable” hasta llegar a la cifra de $373,183.09. A pesar de esto, la Fiscalía General de la República (FGR) hará sus propias valoraciones y puede modificar el monto que le pida devolver cuando presente la demanda ante la Cámara de lo Civil.
Reyes se convirtió en el primer presidente de la Asamblea Legislativa en representación del partido
de izquierda FMLN. Lo hizo en dos ocasiones, en un primer lugar compartió la presidencia parlamentaria con el diputado pecenista Ciro Cruz Zepeda, en 2009-2012; y en el siguiente periodo, Reyes volvió a ser presidente parlamentario durante tres años hasta 2015.
López Jerez agregó que el expediente de Reyes regresó hace un par de semanas al seno de Corte Plena, pero no hubo acuerdo porque “no se lograban los ocho votos de los magistrados”, debido a que “había bastantes valoraciones sobre el caso”.
“Algunos magistrados querían más información sobre el caso, más análisis jurídico. No es como se dijo que era por motivación política”, explicó el magistrado López Jerez.