El Plan Control Territorial se sigue desplegando y lo más importante es garantizar su permanencia efectiva
Prácticamente desde el mismo instante en que dio comienzo la actual gestión presidencial el tema crucial de la inseguridad imperante a lo largo y a lo ancho del territorio nacional ganó la delantera en el planteamiento de iniciativas y en el despliegue de acciones en el terreno. Esto ha despertado gran interés en la ciudadanía, porque los primeros efectos se comienzan a ver y a sentir en los ámbitos territoriales, donde la vida de la gente ha estado y continúa estando sometida a un acoso y a un ataque constantes y devastadores por parte de las distintas estructuras de la organización del crimen. El clamor popular para que se entrara en una fase de controles reales y efectivos por parte de la autoridad legal viene creciendo sin cesar, y uno de sus efectos más elocuentes se dio en las elecciones presidenciales recién pasadas, donde se castigó en las urnas a los que no habían querido oír el clamor y se les dio el encargo a los que ofrecían nuevos enfoques y novedosas iniciativas.
El Plan Control Territorial emprendió su marcha de inmediato, y cuando estaba a punto de iniciarse el tercer mes de gestión el Presidente de la República presentó la 3ª. Fase de dicho Plan, dirigida a la modernización y a la tecnificación tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fuerza Armada, que son las instituciones directamente encargadas de salvaguardar el orden y de garantizar la seguridad en todos los espacios de nuestro mapa nacional.
Es claro que para poder desempeñar las respectivas funciones con la efectividad y la oportunidad debidas hay que contar con una institucionalidad perfectamente habilitada para ello. En lo que toca a esta tercera fase del Plan en acción está puesto en evidencia el hecho de que las dos instituciones aludidas –la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada– necesitan un fortalecimiento estructural que les haga factible desempeñar su tarea de la forma y con las perspectivas que las circunstancias concretas exigen. Al respecto, y al hacer el anuncio correspondiente, el Jefe del Ejecutivo manifestó que esta tercera fase se denomina “Modernización” por el propósito básico que la impulsa. Dentro de dicha lógica tanto la Policía como la Fuerza Armada contarán con mejor armamento, chalecos antibalas, cascos tácticos, radios, mejores patrullas,
HAY QUE SEÑALAR QUE LO QUE SE TIENE ENTRE MANOS, PARA QUE LLEGUE A CUMPLIR SU COMETIDO DE MANERA SUSTANCIAL, DEBE TENER FUNCIÓN PERMANENTE Y EN MUCHOS SENTIDOS EXPANSIVA.
helicópteros, drones, mejores puestos policiales, entre otros elementos que apunten a la eficiencia real. El costo de dicha fase será, según apuntó el Ministro de Hacienda, de 210.1 millones de dólares.
Todos estos esfuerzos articulados en Fases ponen de manifiesto que un Plan como el que ya se halla en marcha requerirá grandes inversiones no sólo de presente sino también de futuro. Porque desde ya hay que señalar que lo que se tiene entre manos, para que llegue a cumplir su cometido de manera sustancial, debe tener función permanente y en muchos sentidos expansiva. Como se ha dicho tantas veces, se trata no sólo de ponerle barreras al accionar del crimen, sino de avanzar hacia su erradicación absoluta, lo que desde luego tiene que arrancar de un proyecto integral, en el que no quede ningún cabo suelto.
Lo que va quedando cada vez más en claro es que la visión que hoy se está poniendo en práctica busca responder en serio a las necesidades de seguridad que han venido haciéndose más y más apremiantes.
Esto, con las dimensiones y los compromisos que conlleva, no puede ser un empeño puramente gubernamental, sino que tiene que llevar como ingrediente decisivo la colaboración de todas las fuerzas y sectores tanto públicos como privados.
El Salvador ha estado durante mucho tiempo atrapado en una encrucijada, y es hora de que pase a un desplazamiento histórico que permita avizorar futuro constructivo de veras. A eso debemos colaborar todos.