Jueza rechaza caso de fiscales que renunciaron a criteriarse
Jueza Novena de Paz considera que no tiene competencia para definir caso, por lo que considera que el proceso debe ser resuelto por otro juzgado.
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador rechazó ayer procesar el caso contra cuatro fiscales y dos empleados administrativos de la Fiscalía General de República (FGR) acusados de pertenecer a una supuesta red de corrupción judicial que era liderada por el ex fiscal general Luis Martínez y Enrique Rais, en el caso llamado Corruptela.
Ingrid Fuentes, jueza Novena de Paz, aclaró que no podía procesar a los imputados porque el Juzgado Séptimo de Paz ya tuvo este mismo caso contra los imputados desde 2018, cuando autorizó que se convirtieran en testigos criteriados. La juzgadora dio a conocer su opinión luego de que el miércoles pasado realizó la audiencia inicial del proceso.
Los acusados son Carolina Jannete Manzanares Nóchez, exjefa de la Unidad de delitos relativos al Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual; Yesenia Carolina Aguilar de Ayala, exjefa de la Unidad de delitos relativos a la Administración de Justicia y de la Fe Pública; y los fiscales Mauricio Alberto Aguilar Rivas y Marta Cecilia Colindres. La FGR los señala de ordenar capturas ilegales.
También enfrentan el proceso penal los empleados administrativos de la FGR Edwin Geovanni Hernández Gutiérrez, exjefe del
“Debo aclarar que no tengo competencia y deberá remitirse al Juzgado Séptimo de Paz. Esta juez no puede pronunciarse (en este caso)”. INGRID FUENTES, JUEZA NOVENA DE PAZ
Departamento de Selección, Evaluación y Seguimiento de Desempeño; y Damián Cabrera Bernal, ex director financiero institucional. Ambos colaboraron con el desfalco de $426,000 de fondos públicos, según la FGR.
El 27 de agosto de 2018, el Juzgado Séptimo de Paz aprobó que Edwin Hernández y Damián Cabrera se convirtieran en testigos criteriados del caso Corruptela, y el 17 de diciembre autorizó la declaración criteriada de los cuatro fiscales. Pero el 12 de junio pasado, todos renunciaron ante el mismo juzgado a continuar como testigos del proceso, porque alegaron que la FGR los torturó y amenazó para que declararan.
La jueza Ingrid Fuentes consideró ayer que debe ser ese mismo juzgado el que reciba la acusación contra los seis imputados. “Debo aclarar que no tengo competencia y deberá remitirse al Juzgado Séptimo de Paz”, sentenció.
Un representante del Grupo Contra la Impunidad (GCI), de la FGR, explicó ayer que la Fiscalía intentó acusar a los imputados en el Juzgado Séptimo de Paz en junio, cuando renunciaron a ser testigos. Pero la titular de esa sede judicial, según un fiscal, consideró que no le correspondía llevar el caso, por eso la FGR presentó la acusación en el Juzgado Noveno de Paz.
La Fiscalía había pedido a la jueza que impusiera una fianza de $10,000 a cada imputado y otras medidas para que todos enfrentaran el proceso libres. Los acusados le solicitaban que anulara el proceso porque, según dijeron, la FGR los torturó y amenazó.