La selección de funcionarios públicos debe hacerse siempre sobre bases de idoneidad y de credibilidad

En el país, se ha venido practicando una forma de escoger funcionarios para los cargos públicos de más relieve que pone en primer término las conflictividades partidarias y deja sin verdadera atención los intereses reales de la institucionalidad y de la ciudadanía. Desde los mismos inicios de esta ya larga etapa de práctica democratizadora se fueron desacatando normas legales como las que establecen la duración de los períodos de ejercicio de los cargos, y así hay muchos ejemplos de situaciones en las que los puestos quedan vacantes porque no hay decisión oportuna en el Órgano encargado de elegir. Así se va consolidando la indisciplina en los planos institucionales, cuando desde ahí tendría que darse el principal ejemplo de apego pleno a la legalidad.

En estos momentos, el aparato y las dinámicas públicas están viviendo una especie de transición, cuyo horizonte aún no tiene suficiente claridad para poder anticipar de manera inequívoca hacia dónde nos dirigimos; sin embargo, los mismos signos de la evolución que se viene dando durante esta prolongada etapa de posguerra nos permiten un buen margen de confianza en que vamos hacia mejoramientos progresivos en todos los órdenes, aunque el avance sea complicado y las tareas por hacer sean complejas y en muchos sentidos riesgosas.

Hace muy poco se logró elegir al nuevo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en medio de una polémica política bien agitada, de esas que hoy se hallan en boga. Ha habido señalamientos concretos en el sentido de que dicho funcionario ha tenido vínculos partidarios con el FMLN, señalándosele además que ha dado apoyo financiero a dicho partido. Al tratarse de una elección que requiere mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, el apoyo de los dos partidos mayoritarios, que muestran constantes diferencias en sus respectivos procederes, se dio de manera cuestionable en los hechos. Pero la elección se concretó, y el Procurador elegido ya está en funciones, y ahora viene la prueba de la actuación en los hechos, que es lo que en verdad cuenta.

Lo que razonablemente se pretende en lo que al ejercicio de los cargos públicos se refiere es que los que lleguen a ejercerlos se manejen en todo sentido con la independencia necesaria para garantizar el sano desempeño de las labores correspondientes. Y aunque es casi imposible encontrar personas que no tengan simpatías y aun contactos partidarios, porque el juego democrático es vinculador por excelencia, lo que realmente hay que asegurar es que no haya nexos de dependencia interesada que desnaturalicen o contaminen el desempeño de las respectivas funciones.

En lo que toca específicamente al nuevo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, más allá de los señalamientos y de las explicaciones frente a los mismos, hoy de lo que se trata en verdad es de seguirle puntualmente la pista al accionar concreto del nuevo funcionario, porque es ahí donde se podrán calibrar tanto su independencia como su buen juicio y su entrega a la función encargada.

Como decimos en el encabezado de este Editorial, la idoneidad y la credibilidad son los factores más determinantes de la funcionalidad efectiva de la gestión. Idoneidad que va vinculada a conocimiento y a experiencia; credibilidad que resulta de ejercer el trabajo poniendo la naturaleza propia de éste por encima de cualquier despiste o distorsión.

En tal sentido, esperamos que el nuevo Procurador, que tiene una misión de primer nivel en la línea de la humanización del sistema, se desempeñe en todo caso con la ejemplaridad debida.

LO QUE REALMENTE HAY QUE ASEGURAR ES QUE NO HAYA NEXOS DE DEPENDENCIA INTERESADA QUE DESNATURALICEN O CONTAMINEN EL DESEMPEÑO DE LAS RESPECTIVAS FUNCIONES.