Jueza saca de cárcel a tres PNC ligados a muerte de Carla Ayala
Vencimiento de plazo de detención provisional obliga a jueza a sacar de la cárcel a tres exagentes del GRP ligados al feminicidio de Carla Ayala. Los tres estarán resguardados en puestos PNC y portarán brazaletes.
A12 días de que se cumplan dos años del asesinato de la policía Carla Mayarí Ayala Palacios, salieron de prisión tres exagentes del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser cómplices del crimen. Los que recibieron el beneficio son Ovidio Antonio Pacheco, Wilfredo Deras Hernández y Juan Antonio Linares
Flores.
Los expolicías dejaron la cárcel desde ayer por orden del Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, confirmó el fiscal asignado al caso, Arturo Cruz, y los abogados defensores de los acusados. La jueza realizó una audiencia especial de revisión de medidas para sacar a los imputados de prisión.
La juzgadora no tenía otra opción, pues debía ordenar que los tres expolicías dejaran la cárcel antes del próximo 29 de diciembre, cuando vencen los dos años máximos que una persona puede estar en prisión provisional sin recibir sentencia en firme, como lo regula el artículo 8 del Código Procesal Penal (CPP). La juzgadora quiso evitar que los exagentes salieran de la cárcel por el vencimiento del plazo y programó el juicio para el viernes 13 de diciembre. Con eso pretendía resolver, antes de que se cumplieran los dos años legales, si los tres son culpables o inocentes de los delitos que Fiscalía les acusa.
Sin embargo, el juzgado tuvo que suspender el juicio porque algunos abogados apelaron contra la resolución del juzgado de instrucción, que el 28 de noviembre pasado ordenó que 13 vinculados en la muerte de Carla Ayala enfrenten la etapa de sentencia. La fecha del juicio, que será en 2020, está a la espera de la resolución de esas apelaciones.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a los tres exagentes porque supuestamente colaboraron con el prófugo Juan Josué Castillo Arévalo, alias “Samurái”, en el asesinato de Ayala el 29 de diciem
bre de 2017. “Samurái” desapareció el cuerpo de Ayala, hasta que las autoridades lo desenterraron el 7 de septiembre de 2018 en el cantón Los Hornos, San Francisco Javier, de Usulután.
Los exagentes Wilfredo Deras, conocido como “Gladiador”, y Ovidio Pacheco, como “Buffer”, son acusados por la Fiscalía de ser cómplices en el feminicidio porque iban en la patrulla policial donde el alcoholizado “Samurái” disparó a Carla Ayala, según las investigaciones. Las autoridades les recriminan que no hicieron nada para impedir que Castillo atacara con arma de fuego a la agente.
El agente Linares es señalado por la Fiscalía de incumplimiento de deberes. Las pesquisas dan cuenta de que “Samurái”, tras desaparecer a Ayala, regresó a las 4:50 de la mañana a las instalaciones del GRP, en la residencial San Fernando, San Salvador. Se bajó de la patrulla policial donde se llevó a Carla y le entregó las llaves a Linares, que no lo capturó a pesar de estar al tanto de lo ocurrido, según FGR.
La jueza decidió, al final de la audiencia, que los tres expolicías permanezcan desde ayer en delegaciones policiales separadas, sin poder salir ni tener contacto entre ellos, mientras esperan el juicio en su contra. Es una especie de arresto domiciliar en delegaciones policiales. También deben portar un brazalete electrónico para evitar el riesgo de fuga.
“No hay manera de que la representación fiscal se pudiese oponer. Es más, ha sido en virtud de que esta representación denotó que ya se iban a vencer los plazos que ha solicitado que se les coloquen los dispositivos electrónicos y que los imputados pasen a ser custodiados en unas sedes policiales”, dijo Cruz. Las delegaciones donde estarán resguardados no quedaron definidas ayer.
Los abogados Belma Rivas y Joaquín Moreno, defensores de los imputados que salen de prisión, calificaron la decisión de la jueza como “garante del debido proceso y la Constitución”. En septiembre pasado, el juzgado de instrucción benefició con la libertad a Julio César Flores Castro, acusado por ser el jefe del GRP cuando ocurrió el feminicidio de Ayala.