Gobierno declara emergencia en las cárceles
Varias autoridades fueron suspendidas y se gira una reestructuración del sistema penitenciario.
El Ejecutivo de Honduras declaró ayer “emergencia” en el sistema penitenciario del país y suspendió a las autoridades de los institutos Penitenciario y el de Atención a Menores Infractores, informó el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz. La emergencia fue declarada con el “propósito de acelerar el fortalecimiento y asegurar la mejora de un nuevo sistema de gestión penitenciaria”, señala el decreto ejecutivo publicado en el diario oficial La Gaceta.
La intervención de los centros penales se da luego de varios episodios de violencia ocurridos en los últimos meses a causa de los problemas de seguridad en las cárceles del país, aquejadas por el hacinamiento.
Al menos una docena de personas, de ellos cuatro menores, han muerto durante motines registrados en cárceles de “máxima seguridad” y centros de internamiento para menores en los últimos dos meses.
El Poder Ejecutivo también ordenó la intervención del sistema penitenciario nacional por seis meses, que incluye al Instituto Penitenciario y al Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores, y nombró una Comisión Interventora integrada por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).
“La emergencia decretada faculta a la comisión interventora para que proceda a la suspensión temporal de personal, la terminación de contratos de trabajo o la revocación de acuerdos de personal que se considere innecesario”, añade el documento.
La directora y el subdirector del Instituto Penitenciario, Rosa Gudiel y Germán Mcneil, así como el secretario ejecutivo del Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI), Felipe Morales, han sido destituidos de manera temporal, aunque no precisa las razones.
El sistema penitenciario de Honduras está compuesto por unas 30 cárceles y alberga a unos 22,000 presos, cuando su capacidad máxima es de 8,000, y menos de la mitad de los reclusos han sido sentenciados, según cifras oficiales. La junta interventora tendrá entre sus funciones lograr la normalización y correcto funcionamiento de los centros penales, así como en los centros de internamiento para menores infractores, priorizando los de máxima seguridad.
OBSOLETO EN 2017, EL GOBIERNO INICIÓ A TRANSFORMAR DEL OBSOLETO SISTEMA PENITENCIARIO DEL PAÍS, DESDE DONDE EL 80 % DE LOS ATAQUES Y MASACRES SON ORDENADAS.