MINISTRO ALABÍ COMPRÓ BOTAS A EMPRESA PROPIEDAD DE SU FAMILIA
EL MINISTRO DE SALUD FRANCISCO ALABÍ AUTORIZÓ Y FIRMÓ UN CONTRATO PARA REALIZAR LA COMPRA DE BOTAS A EMPRESA DE REPUESTOS DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE SU FAMILIA.
El Gobierno de El Salvador a través del ministro de Salud, Francisco Alabí, autorizó la compra de botas de hule para personal médico por $225,000, en el marco del estado de emergencia decretado ante la pandemia de covid-19, según publicó la revista digital Gatoencerrado.
La orden de compra para esta transacción muestra que la adquisición se hizo a una empresa propiedad de una tía política del ministro Alabí, que además no se dedica a vender insumos médicos, sino repuestos para vehículos.
La compra de las botas fue autorizada el pasado 17 de abril por el ministro Alabí y el detalle de esta se encuentra alojado en el sistema electrónico de compras públicas (Comprasal).
La orden detalla que la compra fue de 30,000 pares de botas de hule, marca Tornado, a un precio unitario de $7.50 sin IVA incluido. La orden de compra de bienes y servicio con número 133/2020, disponible en el sitio de Comprasal, cuenta con la firma del ministro Alabí y la de Celina Quiñónez, quien es presidenta y representante legal de una empresa que se dedica a vender repuestos para vehículos llamada Autodo S.A de C.V.
Quiñónez es tía política de Alabí, y madre de sus primos hermanos José Ángel, Gonzalo y Violeta Montoya Quiñónez. Todos ellos también aparecen como miembros de la junta directiva de la empresa, según datos del Centro Nacional de Registros (CNR).
Según el CNR, Autodo S.A de C.V es una empresa fue fundada en 1985, que se dedica a la venta de repuestos para vehículos y cuenta con un capital de $35,000. La categoría de esa orden está registrada en el portal como compras por emergencias.
COMPRAS DIRECTAS
La declaratoria de emergencia aprobada en marzo pasado por la Asamblea Legislativa permitió al Gobierno hacer compras directas, sin los requisitos que normalmente exige la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Esto responde a la premura que requiere atender situaciones de emergencia, como desastres naturales o, en este caso, una pandemia.
Aunque la Asamblea Legislativa aprobó que se buscara financiamiento por $2,000 millones para atender la pandemia, mientras se conseguían estos fondos el Gobierno echó mano del Ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitiga
ción de Desastres (FOPROMID).
“Los fondos de FOPROMID se pueden utilizar en dos momentos: uno para prevenir un desastre y otro cuando estamos en estado de emergencia”, explicó la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Rivas.
Dicho fondo solo tenía presupuestados $4 millones para este año. Hasta mayo, contaba con $625 millones, que habían sido trasladados a diversas entidades estatales, provenientes principalmente de la emisión de deuda de corto plazo.
El de Alabí no es el primer caso de compras de emergencia cuestionables. Salud también hizo compras a una empresa del presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge Aguilar.
El viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, José Alejandro Zelaya Villalobo, es socio una firma que vendió protectores faciales al MINSAL.