Empleados de alcaldía serán procesados en libertad
Cinco empleados de la Alcaldía de San Salvador son acusados del intento de atentar contra el ministro de Trabajo.
“A ellos se les atribuye la supuesta comisión del delito de violencia contra funcionario público. Lo único que iban hacer era desafiliarse de un sindicato”. Carolina Ortez, ABOGADA DEFENSORA
l Juzgado Décimo Quinto de Paz de San Salvador ordenó ayer procesar en libertad a cinco trabajadores de la Alcaldía Municipal de San Salvador.
Los empleados son acusados por la Fiscalía por el delito de violencia contra funcionario público; ya que según la parte fiscal, los procesados pretendían atentar contra el ministro de Trabajo Rolando Castro.
“Dentro de las diligencias está que las personas fueron detenidas porque durante un lapso de 15 días, habían estado llegando al Ministerio sin realizar ninguna diligencia y solo a consultar circunstancias propias de la seguridad del ministro de Trabajo”, aseguró una abogada representante del Ministerio de Trabajo como querellante en el caso.
ESin embargo, la defensora de cuatro de los procesados dijo que los señalados se presentaron a la institución con el fin de desafiliarse de un sindicato.
Consideró, además, que las pruebas presentadas no acreditan la participación de sus representados en el delito indicado por la Fiscalía.
También aseguró que no existen los suficientes elementos para que ellos lleguen a una posible condena.
La parte querellante, al conocer la resolución de la juez, dijo que esperan que se haga justicia.
“Lo que necesitamos es que se investigue a fondo el por qué estas personas estaban solicitando información de la seguridad del ministro, esa es la finalidad”, dijo.
Aseguró que en la etapa de instrucción se va a realizar todas esas investigaciones y diligencias para saber cuál es el móvil por el que estas personas “estaban acechando y dándole vigilancia al titular (ministro Castro)”.
Dentro de las medidas que la jueza decretó están: no acercarse al ministro de Trabajo en ningún lugar, que se presenten al juzgado de Instrucción a firmar cada quince días, que no salgan del país y que no cambien domicilio.