EL QUIJOTE DE LA MANCHA, EL AGUA DE LA DISCORDIA Y EL ACUERDO DE ESCAZÚ

Recientemente hemos concluido, un grupo de 4 investigadores, unos de esos procesos que en la vida “se hacen, ni por utopía, ni por locura” sino por la justicia de descubrir y demostrar cuánto falta por hacer, en un territorio tan poblado, tan pequeño, y con desorden territorial como El Salvador.

Pues, decidimos iniciar una “enquijotada” de investigación sobre recurso hídrico subterráneo, al que llamamos “Interpretación legal y técnica de la calidad de agua de pozos en El Salvador, una lectura desde el marco habilitador territorial, el agua para consumo humano, y el derecho humano al agua y saneamiento”, cuyo objetivo principal fue hacer un análisis legal de la relación existente entre un número de pozos seleccionados en diferentes lugares del país, y cuántos de estos en razón del uso del agua y ubicación del suelo, cumplían o no con el derecho humano al agua y saneamiento.

El vía crucis, sin financiamiento, duró 15 meses, concluyendo en febrero de 2020, tiempo en el que nos encontramos con un reto mayúsculo, que fue el de la desfasada y no articulada información de las fuentes oficiales de información hídrica subterránea. Las principales instituciones que debieran contar con información integrada y asequible de la calidad del agua, especialmente para consumo humano, son ANDA, MARN y MINSAL. ¿Cómo es posible que estas maravillosas instituciones, avatares del agua, no quieran compartir sus datos para una investigación de beneficio para el país?

Si bien es cierto se cuenta con los art. 11 y 30 de la Ley de Medio Ambiente y con una Ley de Acceso de la Información Pública (LAIP), estas no han sido suficiente para obligar a la consolidación de datos de calidad del agua, que tienen que ver con la salud y la vida de los salvadoreños. El MARN cuenta con el Sistema de Información Hídrica, que brinda algunos datos sobre pozos de monitoreo hasta 2016, pero no de la calidad de sus aguas en el territorio salvadoreño. Por su parte, las memorias de labores de ANDA hasta 2018 listan análisis hechos en distintos pozos de su sistema de abastecimiento, pero no divulgan el resultado de dichos análisis microbiológicos y físico químicos. En el MINSAL, ni la OIR, ni la dirección general de salud cuenta con datos consolidados de las condiciones salubres del agua que consume la población. En esta última institución la valiosa información buscada sí es levantada muy diligentemente, luchando contra la inseguridad y la invisibilidad de su trabajo, por parte de los promotores de salud e inspectores sanitarios de los centros de salud familiar, pero esta información no sube a los niveles decisorios.

La negativa de mejorar el acceso e información de indicadores ambientales, por parte de los tomadores de decisión, viene desde la gobernabilidad de ARENA, pasando por la del FMLN. Ya desde la cooperación implementada con el Acuerdo de Cooperación Internacional (ACA), del capítulo 17 AMBIENTAL, del CAFTA –DR, se trató de incidir en que los indicadores ambientales debían ser construidos con rigurosidad técnica y ponerlos a disposición de la población y cualquier interesado, así como lo son los CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, entre otros.

No cabe duda de que la deficiente gobernanza y los problemas de gestión hídrica de El Salvador no son temas nuevos sobre todo en los últimos años, donde la sequía ha casi matado cuerpos hídricos superficiales y han dejado a familias en desiertos, condenados a la muerte por falta de alimentos y deshidratación, tal es el caso de comunidades del cinturón costero marino.

Actualmente a nivel mundial y sobre todo latinoamericano, la comunidad jurista y científica está demandando de sus países la firma y ratificación del

Acuerdo de Escazú, una herramienta con partida de nacimiento en el principio 10 de la Declaración de Río de

1992, y que cuenta con 4 pilares fundamentales, siendo el pilar de ACCESO

A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL el que se ha comentado en este artículo.

El Salvador enfrenta serios problemas ambientales de acceso al agua, ello se vuelve un caldo de cultivo para levantamientos sociales y posicionamiento de líderes dispuestos a franquear cualquier lucha por el cumplimiento al derecho al agua. Si las gobernabilidades anteriores se negaron a materializar una información ambiental, actualizada, creíble, reforzada científicamente y traducida a un lenguaje popular, hoy es la oportunidad del actual GOES, de demostrar que no va a seguir haciendo “lo de los mismos de siempre”.

Los proyectos de SURF CITY y TREN DEL PACÍFICO requieren de actos previos de transparencia, buena fe y conducta honesta, como lo dice Escazú, en la mayoría vinculados al recurso hídrico en general, tanto en calidad como en cantidad. De todas formas, tarde que temprano, la aprobación de una Ley General de Aguas va a obligar al inventario de recursos hídricos, pozos, caudales y calidad de estos, ¿por qué no comenzar hoy?

Quedan menos de 2 meses para que El Salvador sea parte firmante y luego ratificante de un Acuerdo potente que une innovadoramente las bases de los derechos humanos y el derecho ambiental, en la meta de protección de las poblaciones más vulnerables y su entorno natural. ¿No cree, señor presidente y su ministro Ambiental, que esta es una neural oportunidad para demostrarnos en qué escala de importancia posiciona su gobierno al medio ambiente?

Es la oportunidad del actual GOES, de demostrar que no va a seguir haciendo “lo de los mismos de siempre”.