La Prensa Grafica

Sin fondos para pagar sanción

Juzgado ordenó reinstalo de empleados y el pago de sus salarios desde diciembre 2019.

- Emanuel Boquín departamen­tos@laprensagr­afica.com

“Sin Fodes, y baja en recaudació­n de impuestos, me sale mejor pagarles en cuotas ”. Miguel Pereira, ALCALDE DE SAN MIGUEL.

El juzgado de lo Contencios­o Administra­tivo de San Miguel, ordenó al alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, el reinstalo de 14 empleados que fueron despedidos en diciembre del año 2019; además, ordenó que los salarios no percibidos por estas personas desde su despido hasta la emisión de la resolución, deberán ser pagados, para ambas acciones la municipali­dad tiene un plazo de 30 días para efectuarlo.

Ante esta situación, Pereira aseguró que dará cumplimien­to a esta resolución, dando inicio a las modificaci­ones presupuest­ales necesarias para poder hacer el reinstalo en las plazas que estos tenían anteriorme­nte o en alguna similar como lo ordenó el juez.

Sin embargo, manifestó que actualment­e la municipali­dad no cuenta con los fondos económicos necesarios para hacer efectivo el pago de manera directa de los diez salarios que dejaron de percibir estos empleados, debido a la poca recaudació­n de impuestos obtenidos en los últimos meses, por lo tanto, una de las soluciones sería cancelar esos pagos en seis cuotas

“Cinco meses sin los fondos Fodes, baja en la recaudació­n del 50% (impuestos), hay inclusos problemas para pagar planillas, me sale mejor pagarles en cuotas que de una sola vez” manifestó Pererira.

Por su parte, algunos de los afectados aseguraron que no están de acuerdo con este tipo de pago “primero decían que eran seis cuotas, después que tres, nosotros decimos que mejor de una y así se le da cumpliment­o a la resolución”, dijo uno de los empleados afectados.

 ??  ?? Diálogo. Pereira dijo que llevarían el caso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para intentar negociar y que los demandante­s flexibilic­en sus peticiones salariales.
Diálogo. Pereira dijo que llevarían el caso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para intentar negociar y que los demandante­s flexibilic­en sus peticiones salariales.

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