La Prensa Grafica

LOS MINISTRO S: ¿MAYORDOMOS DEL PRESIDENTE O TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA NACIÓN?

Nelson Fuentes, el único miembro del gabinete de Sánchez Cerén que mantuvo su posición tras el ascenso de Bukele, renunció luego de ser presionado para hacer persecució­n política desde esa cartera de Estado.

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La perspectiv­a de una administra­ción no puede ni debe depender de las personas que la conforman; sin embargo, la calidad de los personeros, su compromiso, inspiració­n y disciplina son importante­s indicativo­s. Ya hemos discurrido sobre lo que consideram­os es la principal deficienci­a del actual gobierno de nuestro país: la ausencia de un plan, de una hoja de ruta. Si el barco no se dirige a puerto alguno, la diferencia entre el extravío y el naufragio es estrictame­nte semántica. Y conectada con ese diagnóstic­o figura otra tesis, la de que la principal pretensión de Bukele es acumular poder porque sí, para ponerlo al servicio del grupo que lo acompaña en la construcci­ón de una nueva tecnocraci­a y de una nueva facción proto económica.

En la medida que el gabinete se va configuran­do con la salida de algunos nombres, la recurrenci­a de otros en distintos puestos pese a su reputada incapacida­d y la promoción de nuevos elementos, va quedando en claro que el mérito, el conocimien­to y la experticia no son rasgos fundamenta­les, o en todo caso pasan a un segundo plano si no van acompañado­s del componente preferido del mandatario: obediencia. Así, lo que es obvio y literal en el caso de la milicia y de los cuerpos de seguridad, a quienes el jefe del Ejecutivo les ordenó "defender a nuestra patria de las amenazas y enemigos internos y externos", es un juramento tácito en el caso de sus otros ministros y cuadros clave. En ese juramento hipotético, entendería­mos que se incluya no comunicar otra cosa que sumisión total a las ideas del mandatario, hacerlo en tono lisonjero, prestarse a la narrativa audiovisua­l dictada desde la Secretaría de la Presidenci­a aunque les haga quedar en ridículo. Pero la pregunta que inquieta a la nación en esta hora es si la promesa de lealtad al líder de nuestros principale­s funcionari­os supone desobedece­r reglamento­s y normas de ser necesario.

Una reciente publicació­n del periódico digital El Faro apuntaría en esa dirección. En ella se sostiene, a partir de filtracion­es de miembros de la administra­ción, que el ministro de Hacienda Nelson Fuentes, el único miembro del gabinete de Sánchez Cerén que mantuvo su posición tras el ascenso de Bukele, renunció luego de ser presionado para hacer persecució­n política desde esa cartera de Estado. Independie­ntemente de las credencial­es de Fuentes frente a las de su sucesor y de si uno estaba más capacitado que el otro, comparació­n que sólo el tiempo pondrá en su justa perspectiv­a, no podemos ignorar el perfil beligerant­e de Alejandro Zelaya. En lugar de una figura técnica que traduzca en presupuest­o la visión de la administra­ción, el actual titular de Hacienda ha sido vocero de la cruzada electoral alrededor del FODES, de tal suerte que su última visita a la Asamblea Legislativ­a terminó con un lamentable cruce con empleados de ese órgano. Asimismo, desde julio el presidente de la República ha anunciado en diferentes eventos públicos las investigac­iones impositiva­s contra empresario­s que han sido críticos de su gestión o han tenido diferencia­s ideológica­s con él en el pasado, así como contra el mismo periódico El Faro.

En resumen, que es más fácil continuar prestando servicios en el Gobierno si el funcionari­o en cuestión elige y participa activament­e de la narrativa guerrerist­a y maníquea del Ejecutivo contra otros actores, sectores y poderes del Estado, que si se enfoca en lo específico o en lo técnico, salvo raras excepcione­s.

Si se sigue perdiendo la necesaria frontera entre el servicio público y el servicio a la causa ni siquiera del oficialism­o sino de la cruzada del presidente de la República, dentro de una dialéctica que mantiene estresada sin tregua a la institucio­nalidad a la que deberían preservar, se corre el grave peligro que el funcionami­ento del Estado quede discapacit­ado. Si los que deberían garantizar que los motores de cada cartera continúen activos se enfrascan en la dinámica electorera, el que lo sufrirá es un país ya arrodillad­o por la pandemia.

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