Desplazamientos forzados siguieron durante la pandemia
A pesar que el país estuvo en confinamiento, la PDDH registró un número significativo de desplazamientos a nivel nacional en 2020. Instituciones de derechos humanos lamentan que el Gobierno no recopile ni brinde cifras oficiales de las víctimas.
Un total de 75 casos de desplazamiento forzado en el país registró en el año 2020 el Departamento de Atención a Personas Desplazadas y Personas Migrantes (DAPDM) de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
El reporte de casos es de enero a noviembre, ya que aún no se cuenta con el detalle de los casos de diciembre. Sin embargo, para organizaciones de derechos humanos la cifra aún es preocupante por el hecho que buena parte del año pasado la población estuvo en confinamiento a causa de la pandemia por covid-19.
Según los datos proporcionados por la DAPDM, se registraron desplazamientos forzados en siete departamentos del país, entre ellos: Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate y San Salvador, este último con la mayor cantidad de casos.
El 88% de casos a nivel nacional se registraron en San Salvador con un total de 66. Sin embargo, eso no significa que todos esos hechos fueron en ese departamento, sino que fue ahí donde se pusieron las denuncias.
A pesar que la cifra refleja una baja a comparación con el año 2019, representantes de la organización de derechos humanos Cristosal consideran que hubo factores que influyeron en ello.
En el 2019, según registros de Cristosal, EDUCO, Médicos Sin Fronteras y Plan Internacional, hubo 1,008 personas víctimas de desplazamiento forzado interno en El Salvador, que representó un total de 811 casos
“A la fecha aun estamos sistematizando la información registrada en el 2020. Sin embargo, sabemos y estamos sumamente conscientes que la cifra probablemente será inferior a los años anteriores y no porque el fenómeno haya mermado”, señaló Rina Montti, de Cristosal.
Montti asegura que hubo en buena medida la reducción se debe al poco acceso por parte de las organizaciones a los territorios y eso limitó el contacto con las víctimas. Además, mencionó que una de las causas principales por las que las personas son desplazadas es por amenazas de grupos criminales que operan en las zonas donde residen.
La procuradora Adjunta de Migrantes y Seguridad de la PDDH, Beatriz Campos, consideró baja la cifra si se compara con
años anteriores.
“Hemos tenido promedios de 130 o 150 atendidos por nosotros por año. Pero existe un subregistro de personas que no denuncian y se desplaza sin denunciar”, aseguró Campos.
SIN CIFRAS OFICIALES
Rina Montti, de Cristosal lamentó que desde el Gobierno no están brindando detalles de las cifras oficiales de las víctimas de desplazamiento forzado.
“Sería fabuloso ofrecer un dato oficial, tal como lo está señalando la ley y como lo requiere la ley , pero no hay datos oficiales”, dijo Montti.
“Considero que 75 casos a comparación de otros años es una cifra menor, pero eso no quiere decir que no sea significativa, para nosotros con un caso que reportan es motivo de preocupación”, enfatizó Beatriz Campos. La cifra es una recopilación de varias organizaciones que velan por las víctimas de este flagelo.
“Sería fabuloso poder ofrecer un dato oficial, como lo requiere la ley, pero no lo hay”.
Rina Montti,
DIRECTORA MONITOREO DERECHOS HUMANOS CRISTOSAL.