Fiscalía demandada por no entregar información pública
Tiene varios procesos abiertos por negarse a entregar el listado de funcionarios públicos que deben pagar responsabilidades patrimoniales.
Una demanda en la Cámara de lo Contencioso Administrativo, una posible sanción en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y una investigación abierta en el Tribunal de Ética Gubernamental. Esos son todos los procesos abiertos que tiene la Fiscalía General de la República por negarse a entregar, desde 2018, un listado de funcionarios públicos que deben pagar responsabilidades patrimoniales.
La solicitud del listado la hizo la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda) en 2018 con la intención de conocer quiénes son los funcionarios a los que la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha ordenado reintegrar dinero público “mal utilizado, robado o desaparecido”. La Fiscalía es la encargada de cobrar esas cuentas.
Carlos Palomo, presidente de Tracoda, explicó que desde el primer momento la Fiscalía alegó que no podía entregar el listado porque era información “reservada” ya que contenía “datos personales”. El caso llegó al IAIP, que ordenó que la información era pública y debía entregarse. Pero la FGR mantuvo su negativa y llevó el caso ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo.
“Este mes tuvimos la audiencia ante la Cámara para determinar si es ilegal o no la resolución del IAIP, pero en ella los mismos representantes de la Fiscalía dijeron que los nombres que están en ese listado ya son públicos porque los ha revelado y publicado la misma Corte de Cuentas, entonces no entendemos porqué la FGR no quiere entregarlos”, explicó Palomo.
SANCIÓN Y ÉTICA
Paralelo al proceso ante lo Contencioso Adminitrativo, Tracoda puso una denuncia ante el IAIP porque la Fiscalía incumplió una resolución de información pública y porque no respetó los plazos para entregar lo solicitado.
Esta denuncia es contra el fiscal general, Raúl Melara, como máximo representante de la institución, y contra la oficial de información de la Fiscalía, Deisi Posada de Rodríguez.
Pero durante el proceso sancionatorio en el IAIP tanto Melara como Posada de Rodríguez utilizaron abogados de la misma Fiscalía para defenderse y ser representados, algo que va en contra de la Ley de Ética Gubernamental. Por ello Tracoda denunció lo sucedido ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).
“Nos parece que se han dado muchas cosas negativas en este proceso. Primero que no tiene asidero legal al reserva sobre esa información porque es pública y las mismas abogadas de la Fiscalía lo han aceptado ante la Cámara. Eso está grabado en video. Luego está el uso de subalternos en un proceso personal, lo que implica que usan recursos públicos de forma indebida. Y también está la vulneración al derecho de la ciudadanía de conocer qué funcionarios y representantes públicos no están cumpliendo con las sanciones que se les ponen”, analizó Palomo.
Tracoda espera que al revelarse el listado solicitado se pueda tener una idea de cuáles funcionarios no acatan las sentencias de la Corte de Cuentas.