Hacienda justifica que no retuvo salarios de la Asamblea
Sostienen que lo que hicieron fue diferirlos porque el 98.13 % de los ingresos que tuvieron en septiembre ya estaban comprometidos. Corte de Cuentas, sin embargo, determina que hubo una programación no adecuada del gasto.
Que no retuvieron el dinero del salario de los empleados de la Asamblea Legislativa en septiembre de 2020, afirma el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Tesorería (DGT); sino que solo difirieron el desembolso de los fondos.
Ese argumento lo esbozaron a la Corte de Cuentas de la República (CCR) en el marco de la realización del examen especial al cumplimiento de las obligaciones que ejecuta Hacienda, a través de la DGT, y que están relacionadas con los egresos o pagos de los compromisos institucionales de salarios y proveedores de bienes y servicios, con cargo al Presupuesto General de la Nación 2020, aprobado por el Órgano Legislativo, para el período del 1.º de febrero al 30 de noviembre del 2020.
En septiembre de 2020, ningún empleado de la Asamblea Legislativa recibió su salario por las labores realizadas durante ese período. Fue hasta el 7 de octubre que Hacienda autorizó el desembolso de lo correspondiente para solventar esta obligación institucional.
Según datos que brinda la DGT, eran $3,766,252.81 los que necesitaban para cancelar el salario de los empleados legislativos. En el informe final que elaboró el equipo de auditores de la CCR, retoman una nota que envió la Dirección en la que manifestaron que la no asignación de la cuota correspondiente para el pago de salarios en la Asamblea “fue ocasionada por la falta de disponibilidad de recursos en la Caja Fiscal”.
Durante septiembre, en la cuenta principal del Estado recibieron $73.9 millones. Hacienda justifica que el 98.13 % de ese monto, es decir, $72.5 millones, ya estaban comprometidos para efectuar pagos pendientes.
Del total del dinero que Hacienda asegura que estaba comprometido, $64.9 millones tenían que destinarlos a obligaciones con el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), cuya fecha de vencimiento estaba programada para el 1.º de
“Se tiene por cumplida la obligación del pago de planillas de los salarios de la Honorable Asamblea Legislativa, los mismos no fueron retenidos sino solo diferidos”.
Nota, DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y JEFATURA DE DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA.
“La División de Programación Financiera de la Dirección General de Tesorería no programó y ni asignó eficientemente el flujo de efectivo durante el mes de septiembre (de 2020)”.
Dirección de Auditoría Uno, SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS, CCR.
octubre del 2020.
El pago al FOP incluía, según explicó Hacienda a los auditores, abono a intereses y amortización de los Certificados de Inversión Previsional. Estos son una especie de títulos valores que coloca el Estado para lograr recursos y pagar pensiones.
“Se reviste de vital importancia valorar la coyuntura en la cual se efectuaron las asignaciones y transferencias de la deuda del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), tomando en cuenta que los indiscutibles beneficiarios del pago de las pensiones son aquellos ciudadanos de la tercera edad que a lo largo de su vida contribuyeron al desarrollo económico de nuestro país y tomando en cuenta la delicada situación originada por la Pandemia de covid-19, eran y son las personas más vulnerables en la citada crisis sanitaria”, señala Hacienda en la misiva dirigida a los auditores, el 19 de febrero del 2021.
Hacienda sostiene que tampoco efectuaron los desembolsos para el pago de salarios los primeros días de octubre porque en esas fechas también tenían vencimientos de deuda pública, dentro de estos estaban $46.8 millones para el pago de Letras del Tesoro (LETES).
Ante los argumentos presentados por las autoridades hacendarias, el equipo de auditores de la Corte de Cuentas determinó que la evidencia que les dieron solo estuvo centrada en lo que ocurrió con la Caja Fiscal al final del mes de septiembre y el desfinanciamiento que tuvo Hacienda debido a los pagos de deuda pública y de otros lotes que tenían pendientes a esa fecha.
También, el equipo expone que la omisión cometida por Hacienda en cuanto al desembolso de lo correspondiente a remuneraciones de la Asamblea Legislativa “ocasionó que se violentaran los derechos de los trabajadores”.
Otro punto que destacan los auditores es que Hacienda no presentó evidencia para demostrar que todos los pagos que efectuaron durante septiembre del 2020 eran prioritarios tanto como para dejar sin financiamiento la partida de remuneraciones de empleados públicos.
De acuerdo al análisis que hace el equipo de auditores, lo que queda demostrado es que “la División de Programación Financiera de la Dirección General de Tesorería no programó y ni asignó eficientemente el flujo de efectivo durante el mes de septiembre 2020, ya que el saldo final de caja, antes de descontar los lotes pendientes de pago, fue de US$73,901,800”.
Dentro de las conclusiones que esboza el personal de la Corte de Cuentas están también que “el Director General de Tesorería aprobó la inadecuada programación y asignación de recursos realizada por la Jefa de Programación Financiera” a pesar de que esto significaba incumplir “con la transferencia y asignación oportuna de los fondos para el pago de los salarios de la Asamblea Legislativa”.
“Nos extraña porque el sindicato representativo y que ha defendido los derechos se llama SITRAL”. Luis Ortega, SECRETARIO GENERAL DEL SITRAL.
“¿Cuándo nos vamos a sentar (con el SITRAL)? Cuando se den las condiciones. Aquí no podemos entrar armados todos”. Ernesto Castro, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.