“SI FALLA, EL MISMO PUEBLO LO VA A QUITAR”. ¿EN SERIO?
Una de las expresiones que más he leído en redes sociales para justificar el asalto al Órgano Judicial, por parte de la Asamblea Legislativa, es que la concentración de poder ha dejado al presidente Nayib Bukele sin pretextos para resolver los problemas del país y que, si no muestra resultados, entonces, el mismo pueblo lo va a quitar.
No estoy tan seguro de ello, ya que eso solo puede ocurrir en un ambiente democrático, y lo que acaba de hacer Bukele y su bancada es socavarlo en sus cimientos. O talvez deberíamos decir que le acaba de dar el golpe de gracia. No estoy insinuando que no habrá elecciones en 2024; talvez las haya, pero serán en un ambiente de mucha desigualdad si este gobierno sigue actuando de forma arbitraria.
Los opositores políticos tendrán que competir en 2024 en contra de un partido oficial que oculta información, que dispone de un enorme aparato de propaganda y que está dispuesto a usar las instituciones del Estado en contra de todo aquel que considera su enemigo.
Hace poco Nayib Bukele dijo que ser el partido de gobierno tiene ventajas y desventajas al entrar en una competencia electoral. La mayor desventaja, decía, es que la gente espera que el gobierno resuelva los problemas y, si no lo está haciendo, busca alternativas en la oposición. Eso es cierto y así funciona en las democracias robustas.
El Salvador, sin embargo, es una democracia débil, defectuosa, un híbrido entre democracia y autoritarismo. ¿Es cierto esto si acabamos de tener elecciones? Lo que nos salva de ser una dictadura pura y dura es que en el país ha habido elecciones sin interrupción desde 1982, y hay medios de comunicación independientes del gobierno. Es la primera vez desde 1982, igualmente, que se rompe con las reglas constitucionales para la conformación de uno de los órganos del Estado.
Bukele y su bancada legislativa dicen que la dupla de Nuevas Ideas y GANA ganaron el 71 % de los votos, y que ese mandato mayoritario legitima sus decisiones. Eso no es cierto. La democracia representativa, hay que recordar, no se define bajo la simple regla del mandato mayoritario, ya que, si ese fuera el caso, habría que someter a consulta pública cada una de las decisiones que se toman en el gobierno, y no es el caso.
Hay que recordar, por otra parte, que en la democracia existe legitimidad de origen y de ejercicio. Un gobierno tiene legitimidad de origen si ha sido electo por la mayoría en elecciones libres y plurales, y tiene legitimidad de ejercicio si actúa dentro del marco constitucional y legal.
La democracia, como ya se señaló, tiene reglas y están expresadas en la Constitución, pero, además, tiene ciertos principios de buena gobernanza como son la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
Este gobierno, antes de tomarse la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya había logrado tomarse por completo el Instituto de
Acceso a la Información Pública (IAIP), el cual debería obligar al gobierno a entregar a la ciudadanía toda la información sobre sus gestiones. Los ciudadanos ahora solo disponen de la información que el gobierno está dispuesto a revelar. Y la política informativa de este gobierno es que todo el mundo debe repetir lo que dice o es un enemigo público.
Entonces, está bastante claro que este gobierno no actúa bajo principios democráticos ni siquiera aquellos establecidos en la Constitución. La última elección nos dejó, además, otra lección importante: el gobierno no respeta los límites establecidos en las leyes electorales.
En esta deriva antidemocrática, a este gobierno solo le hace falta reprimir manifestaciones o encarcelar a quienes considera líderes opositores. Esto no ha pasado ni pasará mientras el gobierno goce de popularidad y logre satisfacer todas las demandas de los grupos de presión.
Esto último será difícil de cumplir, ya que las finanzas del Estado están cada vez más complicadas y el gobierno está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual le obliga a mejorar sus ingresos y a reducir sus gastos.
Lo más sano, para todos, es que el gobierno restituyera a la Sala de lo Constitucional, al fiscal general de República y a dos comisionadas del IAIP. Es lo legal y es lo correcto. El gobierno puede, además, abrir espacios de diálogo para que las difíciles decisiones del ajuste fiscal sean compartidas por toda la sociedad.
Winston Churchill, quien sirvió como primer ministro del Reino Unido, es el autor de una de las frases que mejor describe a las democracias modernas: “Es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, excepto por todos los demás”.
La única ventaja que tiene la democracia sobre el resto de sistemas de gobierno es que permite cambiar a los gobernantes que fallan. Este gobernante, obviamente, tiene que ser un demócrata, que respeta las leyes y principios democráticos. Pero, si no lo hace hoy, ¿por qué lo hará mañana?