Regina Cañas recibe aval para iniciar trabajo público
Tres faltas injustificadas en las jornadas de trabajo se convertirían en prisión para la exesposa de Mauricio Funes.
La expresentadora de televisión, Regina Cañas, conocida popularmente como “Tía Bubu”, fue notificada ayer por el Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena sobre las posibles sanciones que puede enfrentar si no cumple las 144 jornadas de trabajo de utilidad pública a las que fue condenada en marzo de este año.
El juzgado le entregó a Cañas un oficio que deberá presentar en el Departamento de Prueba y Libertad Asistida (DEPLA) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y será ese departamento quien determinará el trabajo que ella deberá realizar para cumplir la totalidad de sus jornadas.
“Lo que sigue ahora es la asignación de un trabajo comunitario pero no tengo idea cuando me lo estarían notificando”, dijo Cañas al salir del juzgado.
Si Cañas incumple con lo establecido, la jueza Quinto de Vigilancia puede revocar esa condena, aun cuando esta haya sido impuesta como pena principal, como es el caso del reemplazo de la pena de prisión por el de trabajo de utilidad pública.
La Ley Penitenciaria en su artículo 58 establece que si el procesado incumple tres jornadas injustificadas se le convierte en prisión: “Si el condenado se ausenta injustificadamente durante tres días en el cumplimiento de la pena, el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena ordenará que la sentencia se ejecute ininterrumpidamente en el establecimiento penitenciario más cercano al domicilio del condenado hasta el cumplimiento de la condena”.
La exesposa del prófugo Mauricio Funes admitió en marzo, cuando se sometió a un procedimiento abreviado ante el juzgado Séptimo de Instrucción, que encubrió la entrega de $95,000 que Funes le dio al hijo de ambos, Diego Funes, para que iniciara un negocio de compra y venta de vehículos.
La condena penal fue de tres años de prisión, pero fue reemplazada por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública. Y ese trabajo debe estar acorde a la profesión que la imputada desempeñaba, relacionada al rubro de las comunicaciones.
“Mi expectativa es lograr hacer algo que deje huella. Tengo 30 años de experiencia trabajando con niñez, adolescencia, prevención de violencia, incluso con Unicef ”, mencionó.
La responsabilidad civil ya fue pagada a través de una propiedad valorada en más de $60,000 más los restantes $30,000 que ya están en manos del Estado.