SALTO AL VACÍO
Mientras más leo y aprendo sobre el bitcóin, más crece mi preocupación. Las innumerables preguntas que nos hacemos la mayoría de personas topan contra el mismo muro de silencio: no se sabe a ciencia cierta cómo pretende el gobierno implementar su uso. Es posible que debamos esperar hasta septiembre para saberlo.
Mientras tanto, la preocupación general está justificada. Sin estudios técnicos conocidos de por medio, sin una reglamentación a la ley y sin explicaciones exhaustivas a la población, el común de la ciudadanía se debate entre lo que dicen los entusiastas tecnológicos que lo aceptan como una buena noticia y quienes, viendo esto desde un punto de vista más objetivo y práctico, advierten sobre todo tipo de riesgos y escenarios catastróficos para las macro y micro finanzas del país.
Día a día me hago múltiples preguntas sobre el tema. ¿Por qué no se comienza con su implementación mediante pruebas piloto en algunas comunidades? ¿Es suficiente la experiencia de El Zonte, donde se viene usando desde hace algún tiempo, para imponer el uso del bitcóin a nivel nacional? ¿Qué pasará cuando se termine el fideicomiso de 150 millones de dólares, ese mismo que servirá para cubrir la volatilidad de la criptomoneda, para quienes quieran cambiarla a dólares contantes y sonantes? ¿Cómo se traducirá la moneda virtual a gastos cotidianos como el pago del alquiler de viviendas (que, por cierto, anda por las nubes) o las compras en mercados, farmacias, gasolineras y otros negocios? ¿Serán suficientes 90 días para que todo el sistema económico del país adapte sus precios, sistemas de compraventa y contabilidad a la nueva moneda? ¿Por qué no se hace una introducción gradual que permita ir haciendo ajustes técnicos en la marcha, a medida que se expanda su uso? ¿Por qué las explicaciones de la medida han estado dirigidas sobre todo a los potenciales inversionistas extranjeros si somos nosotros, quienes vivimos en el territorio nacional, quienes deberemos afrontar las consecuencias positivas y negativas de su uso?
¿Cómo nos miraremos afectados quienes estamos “a coyol quebrado, coyol comido”, y que no podemos darnos el lujo de especular con lo que ganamos, porque nos da poco menos que para lo justo? ¿Por qué debe ser una medida de carácter obligatorio? ¿Terminaremos trabajando más y ganando menos? ¿Terminaremos todos en bancarrota?
También me pregunto si es el mejor momento económico para implementar un cambio tan radical y que afectará absolutamente a toda la población. Recordemos que entre las muchas consecuencias de la pandemia, vivimos una crisis económica de la que todavía no nos sobreponemos. Esa crisis ha sido más palpable durante el presente año, con el cierre definitivo de varios negocios, grandes y pequeños, que no lograron remontar el bache de 2020. Esto ha implicado pérdida de empleos y el surgimiento de plazas mal pagadas, que la gente acepta por pura necesidad.
Comprender el bitcóin requiere además de una curva de aprendizaje algo compleja para dominar cosas que van desde un lenguaje específico alrededor de sus diversos componentes y funcionamiento, hasta el conocimiento de todos los costos ocultos que implica su uso. Dicho aprendizaje es vital para saber utilizar la moneda virtual, pero sobre todo, para evitar riesgos, estafas y pérdidas económicas. Nadie quiere perder su tan duramente ganado dinero.
También requiere de acceso a internet fluido y permanente, tanto para usuarios como para inversionistas y criptomineros. Pero conocemos demasiado bien las deficiencias del servicio de internet en el país, el cual empeoró durante el tiempo de la pandemia. Parte de la falta de acceso a internet se ve reflejado claramente en los estudiantes de bajos recursos económicos que viven en las zonas de menor cobertura, quienes siguen sin tener acceso de calidad a las clases virtuales.
Hay un elemento cultural que también debería ser tomado en cuenta. Hasta antes de la pandemia, el salvadoreño promedio no tenía confianza en hacer transacciones de compra y venta por medio de plataformas virtuales de pago. Debido a la clonación de tarjetas o a otro tipo de estafas mediante el uso de los plásticos y cajeros automáticos, hay una preferencia generalizada a efectuar transacciones en efectivo. Aunque la cuarentena y el temor al contagio hicieron más comunes los pagos vía transferencia, la población que los utiliza sigue siendo un sector minoritario. Por supuesto que el manejo de efectivo no está exento de sus propios riesgos, pero insisto, la preferencia por el efectivo es un asunto cultural que tardará años en modificarse. Esto se logrará en la medida en que el sistema financiero y las plataformas locales de pago garanticen que nuestras transacciones electrónicas estén protegidas y respaldadas.
Es contradictorio querer obligar al país a utilizar una moneda virtual, cuando el sistema financiero nacional todavía no permite el cobro local de pagos recibidos a través de plataformas como Paypal, Stripe, Payoneer y servicios como Patreon, Medium y Substack, para nombrar algunos cuantos. Podrían ser recursos beneficiosos para complementar y apoyar a múltiples emprendedores y trabajadores free lance, que tratan de expandir sus servicios hacia el mercado global, convirtiendo dichos dólares en circulante e inversión local.
El país atraviesa una serie de problemas muy complejos que urgen de soluciones. Hay comunidades donde todavía no hay energía eléctrica, sistemas de alcantarilladopi, acceso a vivienda digna o a servicios de salud de calidad. Cada año, nuestras ciudades se inundan con las lluvias y la gente pierde su vivienda y sus pocos haberes. La violencia provoca violaciones, desapariciones, feminicidios y migración. ¿No sería más sabio y productivo invertir en obra social el costo total que se empeñará para introducir esta moneda, incluyendo los 150 millones de dólares del fideicomiso?
Sé que es un argumento frecuente al que se acude cuando se oye hablar de millonadas de inversión en proyectos que no siempre rinden los frutos deseados. Pero la introducción de esta moneda involucra un riesgo de inversión demasiado grande, tanto a nivel individual como a nivel de las finanzas públicas y las reservas del país.
¿Valdrá la pena arriesgar tanto para dar semejante salto al vacío?
¿No sería más sabio y productivo invertir en obra social el costo total que se empeñará para introducir esta moneda, incluyendo los 150 millones de dólares del fideicomiso?