CONTAGIOS
Hace 140 años, el presidente Rafael Zaldívar concluyó, ante la complacencia de la élite terrateniente, que la mejor posibilidad para la economía nacional pasaba por reforzar el modelo monoexportador; contigua a esa idea estaba la convicción de que el régimen de propiedad de la tierra debía de ser de inspiración liberal, y el Estado ya no reconocería la modalidad comunitaria o de ejidos, que le permitía su subsistencia a miles de campesinos. Y de un plumazo, con la aprobación de la Ley de Extinción de Comunidades, más de 281,294 hectáreas pasaron a manos privadas, merced "a los principios económicos, políticos y sociales que la República ha aceptado". Un efecto no menos importante fue que toda esa población expropiada se convirtió en mano de obra abundante y barata, necesaria para los cultivos emergentes.
Aunque vivir en El Salvador siempre ha sido vivir entre contrastes, pocas veces la naturaleza del Estado y el servicio del gobierno a los intereses de un grupo económico quedaron marcados de un modo tan crudo como en 1881. Pero es que a diferencia de las políticas relativas a la salud o la educación en las que el interés de la nación es unívoco y apunta en un mismo sentido, todo lo que atañe al sistema económico -explotación de los recursos naturales, régimen de propiedad, tenencia de la tierra y disposiciones relacionadas con la regulación de otros medios de producción- ilustra las consistentes diferencias entre los actores, mismas que el Estado salvadoreño nunca ha pretendido reconciliar.
Sí, y por ello pese a que ya llevamos dos años en el proceso democrático más revolucionario del mundo mundial y a que el rey de Babilonia ha prometido un país en el que mana leche y miel para todos por igual, no se ha permitido en sus intervenciones ni una palabra siquiera relacionada con la tierra. Al contrario, hace algunos días, mientras se dedicaba a su venta en línea, Bukele subrayaba que El Salvador es atractivo para sus potenciales clientes porque precisamente no tiene impuesto a la propiedad.
Hace tres años, al presentar el Plan Cuscatlán, Bukele consideraba fundamental no sólo "la aplicación del impuesto predial" sino además que la eliminación de los beneficios no controlados fuese un eje del sistema fiscal. ¿Qué le pasó desde entonces para que ahora promocione al país garantizando que no habrá impuesto sobre las ganancias de capital para bitcóin? Le pasaron dos cosas: pandemia y epidemia.
La pandemia le permitió a Bukele y a su círculo conocer, de modo abrumador, a qué sabe la oligarquía: participación irrestricta en las compras y ventas del Estado, secuestro de la información de interés público, rendición de cuentas a voluntad y sólo sobre aquello que les conviene, amén de establecimiento de un discurso oficial que se impone a fuerza de propaganda pagada por los contribuyentes. La pandemia le permitió al gobierno afinar el instrumento, a la vez escudo y espada.
Pero probablemente la epidemia ya había hecho presa del régimen, y no la del coronavirus sino la de la corrupción. Asumir el poder con el propósito de socavar el regular funcionamiento del aparato público es de suyo un pensamiento corrupto, y de ahí se derivan un montón de decisiones cuyos efectos se cobraron aceleradamente el clima jurídico en El Salvador. Tristemente, el único modo en que la población reconocerá lo que ha perdido en términos de garantías constitucionales será cuando se vea obligada a invocarlas.
Contaminado por una y contagiado de la otra, el oficialismo se entrega hoy a su trabajo sin ningún pudor: invisibilizar los negocios que se hacen desde y con el gobierno, el ascenso de nuevos oligarcas y la conveniente comunión con miembros de viejas argollas para que les bauticen con honorabilidad. El ingreso del bitcóin y la inversión de tanto tiempo, energías y recursos públicos en ese proyecto es un monumento a esos contrastes, amargas desigualdades que cuentan década tras década la crónica de nuestro bicentenario.
A través de su comunicación y del contenido que ordena circular en los canales oficiales, el primer funcionario del país concentra la atención del público en un proyecto de negocios mientras los temas de interés de las mayorías hibernan ante la a ratos incompetencia y a ratos desconocimiento del gobierno. Una exposición sincera sobre la crisis sanitaria un año después del encierro, la verdad sobre los hechos en Chalchuapa, si la Ley del Agua tendrá la misma retroactividad que la Ley "Alabí", y si se perseguirán los posibles delitos denunciados por la CICIES sería un buen sitio para comenzar.
“Mi ideal político es la democracia. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser idolatrado”. Albert Einstein, EN SU ENSAYO “EL MUNDO COMO YO LO VEO”.